En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció que la tutela efectiva de las garantías de este sector de la población no se ha consolidado plenamente en el sistema de prácticas sociales, jurídicas y políticas en el país.

Ello, a pesar de que los pueblos indígenas -15.7 millones de personas de las cuales 6.6 millones hablan una lengua originaria-, cuentan con uno de los mecanismos jurídicos más eficaces contra los fenómenos de discriminación y violencia.

Dijo que algunos de los hechos violatorios de derechos humanos de personas y comunidades indígenas más frecuentes en el periodo 2015 a julio de 2018, incluyendo a personas jornaleras indígenas, son: faltar a la legalidad, honradez y lealtad, entre otros.

Además, la imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones; y acciones y omisiones que transgreden los derechos de las personas indígenas, informó la CNDH en un comunicado.

La comisión expresó su convicción de impulsar aún más la cultura de respeto y observancia de los derechos fundamentales para prevenir la discriminación y violaciones a las garantías de los pueblos indígenas, lo que es parte de la estrategia para que transiten de una situación de vulnerabilidad a una en que sean sujetos plenos de derecho.

Recordó que en el periodo de referencia se emitieron una conciliación, 17 recomendaciones específicas y dos generales (27/2016 y 31/2017), que versaron sobre el derecho a la consulta previa de pueblos y comunidades indígenas, e inadecuada atención médica.

También, por violación al derecho a la protección de la salud y la vida, acceso a la información en materia de salud, consentimiento informado en servicios de anticoncepción, libertad y autonomía reproductiva y violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud, así como discriminación a personas indígenas y privación ilegal de la libertad, e impedimento al derecho a la educación.

En el mismo periodo, los derechos más vulnerados son: a la seguridad jurídica, al trato digno, a la integridad y seguridad personal, a la protección de la salud, de petición, a la igualdad, a la libertad y a la legalidad.

De acuerdo con los expedientes de queja con que cuenta el organismo, subsisten obstáculos como la persistencia de prácticas discriminatorias, racistas e intolerantes contra integrantes de pueblos y comunidades indígenas.

Además, violencia de género contra niñas, niños y adolescentes indígenas, feminicidios contra mujeres indígenas y resistencia social y comunitaria a la participación política de las mujeres indígenas.