Durante la conferencia «Ética e Integridad» que se efectuó en el marco del Día de la Integridad, Héctor Sánchez Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), convocó al Poder Judicial a actuar con conciencia social, sensibilidad y respeto absoluto a la ley a fin de fortalecer a la institución.
“El privilegio que tenemos de garantizar los derechos fundamentales nos obliga a quienes impartimos justicia a tener sensibilidad, es ahí donde la ética y la integridad juegan un papel fundamental. Ya no podemos ser estrictamente idealistas, debemos respetar los derechos, ponderarlos, hacer valer los instrumentos internacionales y, sobre todo, lograr que la institución a la que pertenecemos se fortalezca con nuestro actuar”, indicó.
Al respecto, el magistrado presidente detalló que los servidores públicos tienen la tarea de recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones con apego estricto a los principios de legalidad, lo que a su vez permitirá mejorar la percepción que se tiene de ellas.
Subrayó que el Poder Judicial cuenta con un Código de Ética desde 2005 y actualmente se trabaja en el Pleno y en Comisiones del Tribunal Superior de Justicia para mantenerlo actualizado, toda vez que debe estar a la altura de las demandas que establecen la Carta Magna y los tratados internacionales.
La ponencia fue impartida en el Auditorio de la Universidad Interamericana por Ares Nahim Mejía Alcántara, titular de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflicto de Intereses de la Secretaría de la Función Pública Federal (SFP), quien destacó que el Estado Mexicano es corresponsable en el fomento de una cultura de integridad y buenas prácticas comerciales, tanto en sectores públicos como privados.
Refirió que la corrupción es una circunstancia que se presenta en un momento y tiempo específico de las sociedades con consecuencias que pueden ser graves, por ello, las instituciones deben estar sólidamente estructuradas para que los ámbitos corruptos se vuelvan mínimos.
Asimismo, advirtió que la corrupción impacta a la libre empresa y a la competencia económica del país, ya que de acuerdo a datos del Banco Mundial representa el 9% del Producto Interno Bruto del país y un costo total por actos de corrupción de 7 mil 218 millones de pesos para la población, de acuerdo a los resultados de la Encuesta ENCIG 2017/ENCRIGE 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Al respecto, señaló que con base en el relanzamiento de la SFP, el Gobierno Federal trabaja en una nueva propuesta basada en cuatro elementos importantes para luchar contra la corrupción: transparencia como instrumento de prevención y exposición de la corrupción, participación ciudadana en los procesos de control, capacitación y profesionalización del servicio público, así como la mejora de herramientas tecnológicas.
Finalmente, Mejía Alcántara sostuvo que para combatir la corrupción es fundamental que todas las instituciones cuenten con herramientas y un Código de Ética que establezca principios acordes a los de la Constitución y valores con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; el documento debe ser redactado con un lenguaje sencillo y claro que facilite su comprensión, además de ofrecer capacitación al personal sobre su contenido y aplicación.
Al acto asistieron Catalina Aguilar Oropeza, presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción; María de Lourdes Dib Álvarez, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa; la agente del Ministerio Público Brisa Mariela Díaz Pérez en representación de María Eugenia Calderón Olimán, fiscal especializada en Combate a la Corrupción en el Estado, así como juezas, jueces y personal administrativo del Poder Judicial.