Atrapada entre las redes de la burocracia, la vaquita marina navega hacia su extinción en el Alto Golfo de California debido a un destino incierto de recursos públicos y privados que se etiquetaron para su conservación, el uso faccioso de programas de apoyo a pescadores que incluyó a personas difuntas y un cobro de “diezmo” en los padrones de beneficiarios que operó en el sexenio anterior.

Greenpeace, pescadores y organizaciones ciudadanas de San Felipe, Baja California, legisladores federales e investigadores dedicados a conservar esta especie, refieren que a la vaquita marina no la está extinguiendo la veda a la pesca de la totoaba sino la ausencia de una estrategia de “cero tolerancia” en pro de frenar la pesca furtiva y la presencia de programas que nunca terminaron por cristalizar.

“Hubo un gastadero de dinero, un despilfarro en el sexenio anterior. Nunca hubo como un ejercicio de transparencia que dijera: todo esto tuvimos de dinero y todo esto es lo que gastamos. No existe”, denunció a Notimex, el coordinador de la campaña de océanos de Greenpeace México, Miguel Rivas.

Además, “se quedó en deuda con la ciudadanía. Tuvo que haberse reportado los resultados, porque no sé si las organizaciones internacionales condicionaron sus aportes, como eso no está del todo transparentado, no lo sabemos”.

Se destinaron, dijo, “255 millones de pesos al año de compensaciones para los pescadores de San Felipe y Santa Clara, en Baja California, por la veda de pesca con redes de enmalle, cimbra o palangre decretada el 1 de marzo de 2015 en el norte del Golfo de California, misma que se extendió durante dos años más”.

Además, en el sexenio pasado se canalizaron tres millones de dólares para el arranque de un ambicioso y loable programa de emergencia denominado Proyecto Vaquita CPR (Conservación, Protección y Recuperación) para llevar al cetáceo a un programa de semi-cautiverio, éste se cerró.

La estrategia -recomendada por el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina (CIRVA), consistió en trasladar algunos ejemplares de esta especie a un santuario temporal, ubicada a dos kilómetros al norte del Faro del Puerto de San Felipe, Baja California, para reproducirse sin el riesgo de caer en las redes de enmalle.

“Sí se utilizaron los recursos porque se construyeron albercas, refugios artificiales, se contrataron pangas para salir a capturar a los ejemplares, de los dos que se obtuvo, uno murió en noviembre de 2017. El equipo científico decidió abortar el proyecto. Se dejó ahí en stand by mientras se decidía qué hacer”, narró el activista.

Precisó que luego de las pláticas entre el entonces titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano, la Comisión Científica y la Marina, “se llegó a un acuerdo de que no era necesario continuar con el programa entendiendo que podían morirse más ejemplares y en enero de este año se decidió que ya no continuaría el Programa Vaquita CPR”.

Informes del CIRVA refieren que entre finales de la década de los setenta y ochenta la población se calculaba entre 200 y 500 animales, a mediados de 2014 se ubicó en 97, con menos de 25 hembras en etapa reproductiva. Entre septiembre y diciembre de 2015, la cifra disminuyó a 60 vaquitas.

El décimo primer reporte del CIRVA, con fecha del 19 al 21 de febrero de este año, refiere que sólo unas diez vaquitas siguen vivas, aunque existe un 95 por ciento de probabilidad de que el valor verdadero comprenda entre seis y 22 ejemplares.

Y es que en la región del Alto Golfo de California opera la pesca furtiva de totoaba, por el jugoso negocio que se obtiene de la vejiga natatoria de esta especie, cuyas cifras alcanzaron en una subasta en el mercado negro de China y Hong Kong, hasta los 100 mil dólares por un kilo, por lo que algunos la denominan la “cocaína del mar”.

Como consecuencia de ello, la vaquita marina inició su agonía dada su captura incidental derivada de la obtención de ese pez, al igual que el poblado de San Felipe que entró en una severa crisis social y económica con el cierre de negocios, baja en el turismo y una alta emigración por falta de empleo.

Las organizaciones “San Felipe Despierta” y la “Federación de Cooperativas Pesqueras Ribereñas del Puerto de San Felipe”, refieren que de un monto de dos mil 800 millones de pesos destinados al programa de apoyo a pescadores del 2015 al 2018, sólo les entregaron cerca de 700 millones de pesos.

Ello, dado que debían otorgar un “diezmo” para funcionarios de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

A principios del Siglo pasado, pescadores chinos y californianos poblaron la región paradisiaca del Alto Golfo de California e iniciaron la explotación del pez totoaba y otras especies endémicas de la región, que se llevaban a San Francisco, lo que detonó que San Felipe y otros pueblos de la zona se convirtieran primero en importantes pesquerías y después, en una importante zona de atracción turística.

El presidente de la Asociación Civil “San Felipe Despierta”, Jesús Manuel Carrillo, señaló que cuando inició la veda, hace cuatro años, se empezó a repartir mediante una tarjeta, primero vía la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y después por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) de la Semarnat.

“Fue un tema de corrupción bastante fuerte, porque el recurso no les llegó a los pescadores. Les llegaba a otras personas, se incluyó como beneficiarios a personas ajenas al sector, que ni siquiera eran parte de la comunidad. Inflaron presupuestos y ello derivó en el actual desastre económico y social en San Felipe. De los dos mil 500 pescadores sólo se atendieron a unos 800”, expuso.

Detalló que de 2015 al 2018 se etiquetaron recursos federales por dos mil 800 millones de pesos para el apoyo a los pescadores por respetar la veda. “Pero sólo se entregaron apoyos por un máximo de 700 millones para el sector y cadena productiva de los pescadores. El resto, es decir más de dos mil 100 millones de pesos no sabemos dónde quedaron”.

Carrillo indicó que al gobierno de Enrique Peña Nieto y a los funcionarios encargados del tema se les solicitó que más allá de los beneficios económicos viciados se tuvieran programas productivos que generaran empleos. “Les presentamos decenas de proyectos de acuacultura, granjas acuícolas, ganadería, turismo, agricultura, pero nadie hizo caso”.

Se vive, anotó, una situación de desesperación entre los pescadores y pobladores de San Felipe porque a la par de esos malos manejos, actualmente no hay ningún programa de apoyo a la pesca y ello ha derivado en conflictos sociales como el aumento de robos y la pesca furtiva de la totoaba.

“A San Felipe no lo está extinguiendo el tema de la veda de la totoaba, ni la protección a la vaquita, sino la ineficiencia del gobierno anterior que no dio opciones viables de empleo, no escuchó nuestras propuestas de proyectos de pesca sustentable, acuícolas, de turismo de aventura, médico. Es urgente que el actual gobierno nos escuche y no se cometan los mismos errores”, enfatizó.

El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Ribereñas del Puerto de San Felipe, Lorenzo García Carrillo, dijo que esos recursos fueron etiquetados por el gobierno federal, primero vía Sedesol en los primeros seis meses y después la Conanp para que los pescadores se mantuvieran al margen de ir a pescar por la veda de la totoaba y la protección de la vaquita marina.

“No nos llegó todo lo que venía etiquetado porque nos quitaron una parte sobre el manejo de los recursos, una especie de diezmo, por parte de los funcionarios de Sedesol y de la Conanp.

“Si por ejemplo había 100 millones de pesos para repartir a los pescadores, ellos se quedaban con 20 millones de pesos por concepto de ¨manejo¨ de recursos. No estábamos de acuerdo porque estos funcionarios ya tienen sus salarios”, indicó el líder de los pescadores.

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, publicado en febrero de este año, reveló que la Conanp otorgó 220 mil pesos a beneficiarios del Programa Componente de Compensación Social para Contribuir a la Conservación de la Vaquita Marina (CCS), dados de baja por defunción.

También canalizó dos millones 436 mil pesos a quienes no cumplieron con los permisos de pesca del “Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo (Procer) y 744 mil pesos a aquellos que no entregaron informes bimestrales ni comprobante de domicilio.

A ello se suma que entregó 96 mil pesos a un beneficiario que no pertenecía a las localidades de San Felipe, Baja California o del Golfo de Santa Clara, Sonora y concedió tres millones 732 mil pesos duplicados a pescadores regularizados y permisionarios.

El diputado federal por Baja California de Morena, Erik Morales Elvira, denunció que en el gobierno anterior los apoyos, las compensaciones del gobierno federal se daban vía las cooperativas y éstas incluían nombres de personas que no eran pescadores y quienes sí lo eran se quedaron sin recursos. “Hubo un manejo tramposo del tema”.

En el mismo sentido, el ex senador por el Partido del Trabajo (PT), Marco Antonio Blázquez, coincidió en el sentido de la situación que esta crisis en la extinción del mamífero marino, pero sobre todo la grave situación social, económica y laboral que enfrentan miles de familias en San Felipe, es una herencia del gobierno anterior.

“El tema viene desde el anterior titular de Semarnat (Pacchiano) que nunca entendió a la población. Les ofrecieron un dinero, con un manejo faccioso, tramposo”, resaltó.

Expuso que al final la veda, “la prohibición a los pescadores de salir al mar no resultó porque sigue extinguiéndose la vaquita y las familias no tienen empleo. Es una situación grave, desesperada que debe atender ya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”.

Para el presidente del Comité Conservación de la Comisión Ballenera Internacional, Lorenzo Rojas-Bracho, durante el sexenio anterior se hizo un importante esfuerzo para revertir la extinción de la Vaquita Marina, pero también se cometieron errores.

“Hubo errores claro, como pagarles a los pescadores por no hacer nada, con estos incentivos perversos que lo único que hacen es darle recursos sin vigilarlos”, comentó el científico mexicano con más de dos décadas de investigar al pequeño cetáceo de 1.5 metros y 55 kilogramos, en el caso de las hembras adultas.

También, “hubo corrupción de quienes recibieron los recursos, de quienes repartieron los recursos en las comunidades que fueron algunos de los líderes pesqueros que chantajearon a los pescadores. Hubo varios errores y hay que analizarlos y que se castigue. Hubo sobrinos, esposas (en los padrones), de todos los que han hecho chapuza”, agregó.

Lamentó que la falta de contención a la pesca furtiva detone un mayor peligro para la vaquita, pues un estudio de la Agencia Ambiental Internacional con sede en Londres, “refiere que el pago de por un kilogramo de buche de totoaba, alcanzó los 100 mil dólares”.

Los chinos atribuyen al buche de la totoaba propiedades medicinales, como mayor vigor o ayuda a la circulación. Además, es una forma de demostrar el estatus, dado si sirves o regalas buche de totoaba en una boda estás mostrando tu poderío. “Es tal su precio que tiene mayor valor que la cocaína”, enfatizó.

Para el biólogo mexicano, una de las mayores autoridades mundiales en la especie y quien ha sido sujeto de amenazas verbales, el programa Vaquita CPR continuará. “Seguiremos trabajando en esto, pues al contar con tejidos frescos se puede continuar con la parte de genética, que incluye la secuenciación del genoma de la vaquita”.

El secretario de La Asociación Civil “San Felipe Despierta”, José Luis Dagnino, estableció que los ingresos anuales que recibía esta población por la llegada de visitantes cada año era de dos mil millones de pesos y ahora apenas rondan los 120 millones al dejar de realizarse eventos de pesca deportiva, rallys, triatlones, conciertos, entre otros.

Lo anterior, añadió, sin contar que han emigrado por la falta de empleos y oportunidades 13 mil personas en los últimos años. En el 2010 el Censo de Población se registró en San Felipe a 35 mil habitantes, ahora apenas rondan los 22 mil.

“De seguir así vamos camino a la extinción, a ser un pueblo fantasma por la falta de empleo, de oportunidades, de proyectos productivos. De qué sirve tener mar y toda la riqueza sino podemos explotarla de manera adecuada, sustentable, con proyectos de acuacultura, piscicultura, turismo ecológico, de aventura, entre otros”.

Mencionó que hay restaurantes que han “quebrado”, hoteles sin ocupación la mayor parte del año y se han incrementado los robos.

“Está emigrando la gente de San Felipe por la falta de empleos a otras ciudades como Ensenada, Tijuana o Mexicali. Ya no hay empleo, no hay condiciones para una vida adecuada y lo peor de todo es que la vaquita marina se extingue”.