“Con represión mediática, licitación opaca y sospecha de corrupción” se realizó en Puebla la concesión o privatización del servicio de agua, según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

De este modo, el organismo nacional señaló que concesionar el servicio de agua potable viola un derecho humano al líquido, aunado al incremento desmedido de hasta un 500 por ciento en las tarifas.

En el estudio “Protección de Ríos, Lagos y Acuífero” se analiza la situación en derechos humanos del agua, desde la contaminación, afectaciones por mineras y en un apartado las concesiones que hay en todo el país.

A cinco años de la concesión en Puebla, la CNDH señaló que hubo represión mediática y se implementaron nuevos conceptos de cobro, en alusión al pago de cuotas por la instalación de medidores.

En el estudio de marras se señala que la privatización del servicio del agua se presentó en seis estados del país, como Aguascalientes, Quintana Roo, Sonora, Coahuila y Veracruz.

En su reporte, admitió que la administración del servicio del agua se entregó a empresas por medio de “licitaciones opacas”, procesos en los que se excluyó la participación ciudadana.

El Informe presenta un breve resumen de las anomalías y violaciones a los derechos humanos.

Entre dichas anomalías se incluyen mala calidad del agua, que ocasiona que en entidades como Aguascalientes haya un 95% de consumo de agua embotellada.

Asimismo, los aumentos excesivos de tarifas como el 500% en Puebla, ineficiencia en el servicio, nuevos conceptos de cobro, cortes injustificados de agua, extensiones de contrato sin consulta al usuario/a.

En el informe se plantea que en todos los casos señalados incluido Puebla, el proceso de licitación se llevó a cabo sin participación de la ciudadanía y en forma opaca.

Además, existe una con sospecha de corrupción en todos los casos, también incluida la licitación en Puebla de la concesión del servicio.

Se subraya que durante la gestión de la empresa privatizada, las autoridades municipales no se han preocupado por las violaciones a los derechos humanos.

En la respuesta a las quejas y demandas ciudadanas ha sido nula; en ningún caso se han aplicado sanciones a las empresas privadas, resalta.