Diputadas y diputados de Morena, PRI, PT, MC y PRD y debatieron sobre la necesidad y los alcances de la iniciativa de reforma constitucional en materia político-electoral que presentó el Ejecutivo Federal.

Lo anterior durante el tema “Apuntes para una reforma electoral”, en el programa “Parlamento en Vivo”, organizado por la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados.

El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) sostuvo que es urgente realizar una reforma electoral, puesto que el ciclo de las instituciones electorales, administrativas y jurisdiccionales ha culminado y es hora de transitar de una democracia representativa a una participativa.

Destacó que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador generaría un ahorro de casi 50 mil millones de pesos, al desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE), a los Organismo Públicos Locales Electorales (OPLE), al reducir el número de legisladores plurinominales, así como el financiamiento público de los partidos políticos.

“La propuesta evoluciona para que de nueva cuenta los diputados representen a sus entidades federativas, la justicia electoral se federalice y el INE se convierta en Instituto Nacional Electoral y de Consulta (INEC). Sumado todo el catálogo de ahorro, la proyección es cercana a 50 mil millones de pesos, cifra que alcanzaría para vacunar a toda la población, financiar otra institución del tamaño de la UNAM o aportar el gasto total del gobierno de Querétaro o San Luis Potosí”, señaló.

El coordinador de las y los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, aseveró que no es momento de realizar una reforma electoral, toda vez que en México no hay una crisis de ingobernabilidad ni electoral, producto de comicios convulsos que hayan trastocado la marcha de la nación.

Acusó que la propuesta del Presidente de la República pretende hacer una concentración del poder, cuando, de acuerdo a la realidad, se deben mantener las reglas actuales y no permitir la desaparición el INE, pues es imparcial, profesional, apto, legítimo y tiene expertis y su eliminación podría generar desconfianza entre la población y crisis en la materia.

Además, precisó que es falso que desaparezcan los legisladores plurinominales, pues al haber 32 listas de propuestas, todos serán diputados y senadores de representación proporcional, y apuntó que también se pretende ahogar a los partidos políticos y a los municipios al buscar reducir su financiamiento y los cargos de elección popular

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) comentó que la ´propuesta de su bancada protege al INE, al sistema de partidos y el derecho que la ciudadanía tiene a elegir a sus representantes populares.

El diputado Pedro Vázquez González, del PT, subrayó que es necesario realizar una reforma electoral, por lo que es preciso conocer bien la propuesta del Ejecutivo Federal y lograr el mayor consenso posible y que no haya decisiones unilaterales, a fin de tener una reforma que fortalezca los espacios de participación democrática las instancias electorales, administrativas y jurisdiccionales.

Refirió que la bancada presentó una iniciativa en la materia que busca modificar 18 artículos de la Constitución Política para establecer el deber cívico de la población a votar en los distintos procesos electorales y consultas e incluir figuras como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa ciudadana.

Asimismo, plantea que las acciones afirmativas queden establecidas en la Carta Magna para que los partidos políticos consideren como sus candidatos y candidatas a personas integrantes de las comunidades indígenas, afromexicanas, LGBTIQ+, discapacitados y migrantes.

Expuso que retirar el financiamiento público a los partidos políticos implicaría que de otras fuentes no legales pudiera haber dinero en las campañas, y eso sería totalmente desastroso, por ello, su propuesta plantea elevar a rango constitucional la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y que su titular sea designado por la Cámara de Diputados, para que sea totalmente independiente y “no haya filias ni fobias”, así como sanciones para quienes hagan mal uso de los recursos.

La diputada Ivonne Ortega Pacheco (MC) señaló que la reforma político-electoral del Ejecutivo Federal es más un texto que le da un discurso político vendible al Presidente de la República y a Morena, para preparar el escenario para las elecciones del 2024.

“Desde mi punto de vista no es una reforma como tal, es un documento que tiene una serie de condiciones más discursivas y que no va a pasar porque la oposición votará en contra, pues no es viable desaparecer al INE ni a los legisladores plurinominales”, indicó.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Elizabeth Pérez Valdez apuntó que México no requiere una reforma constitucional en materia electoral en este momento, pues las reglas ya están enmarcadas dentro de la Carta Magna y en todo caso, lo que se podría hacer sería perfeccionar las leyes secundarias.

Resaltó que desaparecer al INE y a los legisladores plurinominales sería irracional y un retroceso para la democracia, pues son conquistas históricas de la izquierda que han costado hasta vidas, y en ese sentido, se debe fortalecer al órgano electoral, su autonomía y darle un piso presupuestal.

Indicó que lo que también podría revisarse para que entren en un término constitucional son las acciones afirmativas y el tema de la sobrerrepresentación.

Por su parte, Khemvirg Puente Martínez, experto en temas legislativos, sostuvo que nunca es un mal momento para repensar el sistema electoral del país, ya que las leyes no deben ser camisas de fuerza y deben ir transformándose de acuerdo a la evolución de la sociedad que están normando.

No obstante, afirmó, primero se requiere hacer un diagnóstico que permita identificar las principales áreas de oportunidad a mejorar, pues el mayor reto de una reforma electoral es buscar la forma de garantizar los logros que se han alcanzado como una mayor representatividad en el Congreso de la Unión, la paridad de género, la representación de los partidos minoritarios y la inclusión de los distintos sectores en los espacios de toma de decisiones, así como la justicia electoral

Respecto a la reducción del financiamiento público de los partidos, indicó que esto abriría la puerta al financiamiento privado que no puede ser fiscalizado por las autoridades electorales.