La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora (PRD) promueve una iniciativa que adiciona una fracción VIII al artículo 15 de la Ley Federal de la Defensoría Pública, a fin de que los servicios de asesoría jurídica se presten preferentemente a los migrantes víctimas o testigos de delitos graves cometidos en territorio nacional.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Justicia para análisis y dictamen, expone que el organismo Human Rights Watch citó que entre enero y septiembre de 2019 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 599 quejas de abusos contra migrantes.

Además, de acuerdo con el informe 2019 de la Fiscalía General de la República (FGR), únicamente se logró judicializar el uno por ciento de los delitos contra migrantes; de 258 carpetas de investigación solamente tres llegaron hasta un juez a fin de iniciar un proceso penal.

La diputada menciona en su iniciativa que quienes atraviesan el territorio frecuentemente son víctimas de abusos y violaciones a sus derechos, en algunos casos con la anuencia de autoridades gubernamentales.

“El panorama se torna desalentador cuando se suma la imposibilidad de obtener representación legal y una audiencia justa, ya sea por temor a represalias, desconocimiento de nuestro sistema judicial o recursos económicos insuficientes”, asegura.

Por lo tanto, todo servidor público que trate con personas migrantes debe asegurarse que tengan acceso a la justicia, que estén debidamente informadas sobre sus derechos a la asistencia legal y consular, defensa pública, a un traductor o intérprete.

Los migrantes que huyen de situaciones de crimen organizado, violencia y persecución en su país también pudieron haber sido víctimas o testigos de crimen antes de llegar a México y, por lo tanto, pueden ser especialmente vulnerables.

El acceso a la justicia es necesario para estas personas que corren altos riesgos de ser testigos o víctimas de delitos graves como secuestro, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, robo, asalto y extorsión.

Factores como la ausencia de representación legal gratuita, falta de tiempo y recursos para llevar a cabo un litigio, no hablar español, desconocer sus derechos y desconfiar de las autoridades, son algunas razones por las que a menudo no denuncian, señala la iniciativa.