Continuando las actividades del Foro Caminar la libre determinación: Puebla y Chiapas, dos experiencias, se llevó a cabo la conferencia Interés, irregularidades y hostigamiento en la defensa del Río Ajajalpan en la Sierra Norte de Puebla. En esta ponencia, se contó con la presencia de defensores legales y miembros de la comunidad de San Felipe Tepetlán.

Silvia Villaseñor Pineda, miembro del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. – Consejo Tiyat Tlali, arrancó mencionando que estos “son proyectos de muerte porque ponen en riesgo nuestra vida.” Denunció que las maravillas naturales de la Sierra de Puebla comienzan a vivir deterioros ambientales y sociales.

Para ilustrar el contexto de la intervención industrial en la Sierra Norte de Puebla, puso el ejemplo del caso de Ahuazotepec, población que se ha visto afectada por la falta de agua provocada por la industria minera. Señaló que hasta 35 municipios totonacos se ven amenazados por proyectos de fracturación hidráulica para la extracción de hidrocarburos.

Previo a la exposición de carácter jurídico, los tres representantes de la Defensa del Río Ajajalpan manifestaron sus impresiones en torno a esta situación. Soledad Luna señaló que, desde hace años, el pueblo totonaca ha sido víctima de intervenciones ilícitas por parte de diferentes compañías. En específico, San Felipe Tepatlán sostiene una lucha constante contra la industria hidroeléctricas.

Guadalupe López reconoció estar en “la lucha de defender nuestro territorio.” Denunció que las empresas han presentado documentos falsos con nombres de personas difuntas para acelerar los procesos de licitación, así como el hostigamiento del que han sido víctimas. Igualmente, cuestionó que el INAHI otorgue permisos de construcción en zonas con un valor arqueológico importante.

Cerrando la ronda testimonial, Miguel Sánchez, quien se presentó en totonaco, denunció la explotación de recursos naturales y humanos que ha prevalecido desde hace 527 años. Consideró que las administraciones han marginado a los pueblos por una condición de pobreza que los mismos sistemas económicos han establecido.

“Pensamos que nadie nos escucha ni nos toma en cuenta. Los que mandan son los mismos: no encontramos salvación. ¿Hacia dónde vamos como pueblos? Nosotros tenemos que encontrar la llave para abrir el camino”, comentó Miguel Sánchez.

El oriundo de la Sierra Norte lanzó un llamado a la descolonización. Ironizó el papel de los académicos al creer que conocen el ecosistema mejor que aquellos que lo viven diariamente. “Hay que subir montañas, cruzar ríos y abrir puertas. La lucha es larga y hay que tener mucha paciencia”.

Ahondando en el relato desde la lucha legal, Itzel Silva Monroy, miembro de Fundar Centro de Análisis e Investigación y abogada que lleva el caso, expuso que el proyecto hidroeléctrico de Deselec 1 recibió el permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Señaló que la energía generada sería destinada exclusivamente al autoabastecimiento de los socios de esta empresa.

Por esta razón, el principal argumento legal fue cuestionar: “¿cuál es el interés público que reviste a este proyecto?” Otras violaciones alegadas incluyen el derecho al medio ambiente sano, derecho al agua y derecho a la libre determinación y autonomía.

Mediante láminas, Itzel Silva recordó que entre 2009 y 2018 se llevaron a cabo los procesos de licitación correspondientes ante las alcaldías, Semarnat, CRE, Conagua e INAH. Estas mismas instancias públicas están siendo demandadas por parte de la comunidad de San Felipe Tepatlán.

“Hay una obligación para el Estado para realizar un estudio sobre el impacto social, cultural y de derechos con base en los estándares establecidos. En el caso mexicano, esto no ha ocurrido”, señaló Itzel Silva Monroy.

La abogada reflexionó sobre el impacto en el tejido social que los agentes externos pueden tener para facilitar la división comunitaria. Algunas personas de la comunidad, recordó, se presentaron al juicio para manifestar su apoyo al proyecto hidroeléctrico.

El 10 de octubre de 2019 se dictó la sentencia del caso, la cual consiguió suspender la obra. No obstante, se hizo una restricción al derecho de consulta por parte de los pueblos indígenas. Además, se estableció que las construcciones benefician a los pueblos, por lo que la negación del amparo mantiene viva la lucha de los pueblos.