El diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) aseguró que el programa La Escuela es Nuestra, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya registraba diversas irregularidades e inconsistencias detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), además de que uno de los componentes de dicho programa era Escuela de Tiempo Completo, cuyos recursos ahora se entregarán de forma discrecional y sin transparencia, característica del gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación.

Por ello, dijo que es necesario que en la reunión que sostendrá la titular de la SEP, Delfina Gómez, con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados el próximo 6 de abril, ésta deberá aclarar las reglas de operación y los mecanismos de rendición de cuentas para no hacer de éste un programa asistencialista y clientelar.

“El de Escuelas de Tiempo Completo hasta 2020 era un programa independiente; sin embargo, a partir de 2021 su presupuesto se incorporó al de La Escuela es Nuestra. Lamentablemente, de 2019 a 2021 hubo un recorte considerable al programa de prácticamente el 50 por ciento, y ya para 2022 simplemente lo desaparecen y ya no hay presupuesto”, denunció en un comunicado.

Explicó que para 2019 el presupuesto aprobado para Escuelas de Tiempo Completo fue de 10 mil 189 millones de pesos; en 2020 se redujo a 5 mil 100 millones de pesos; mientras que en 2021 se le asignaron 5 mil 500 millones de pesos; pero para 2022, el presupuesto fue cero pesos.

Por otra parte, de acuerdo con la Tercera Entrega por parte de la ASF a la Cuenta Pública 2020, se detectaron irregularidades en este programa por poco más de 573 millones de pesos.

Tan sólo en lo que compete a la entrega de recursos a los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), la auditoría investigó a mil 686 planteles, en los que se detectaron irregularidades por 552 millones de pesos, los cuales fueron entregados a sus respectivos CEAP; sin embargo, no cuentan con las pruebas que demuestre que los recursos otorgados se aplicaron para los fines del programa.

Téllez Hernández dijo que ante las críticas que generó la decisión de desaparecer el programa de Escuelas de Tiempo Completo, incluso por diputados de Morena, la SEP anunció en días pasados que el programa se mantendrá dentro de La Escuela es Nuestra, pero los apoyos de alimentación y horario ampliado se entregará directo a padres de familia, sin intermediarios.

“Esta misma dinámica se presentó cuando desaparecieron las estancias infantiles en el 2019, cuando se anunció que los apoyos se entregarían directo a los padres de familia; situación que afectó directamente a la niñez, al tratarse de una política asistencialista y carente de protección de derechos a este grupo poblacional”, dijo.

Abundó que las Reglas de Operación publicadas el pasado 28 febrero del programa La Escuela es Nuestra, no considera ya las Escuelas de Tiempo Completo, situación que deja a la arbitrariedad de las autoridades el otorgar este apoyo a las madres y padres de familia, pues no se mencionó si estos apoyos se otorgarán bajo el esquema que se otorgaba en las Reglas de Operación de 2021.

Con estas medidas, dijo, el Gobierno Federal ha demostrado su nulo interés en privilegiar el interés superior de la niñez y adolescencia, pues está más que demostrado por distintos estudios de organizaciones nacionales e internacionales, que una mala alimentación entre las niñas, niños y adolescentes genera menores capacidades de aprendizaje y aprovechamiento.

Señaló que de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut 2018), alrededor de un millón cien mil niñas y niños presentan desnutrición o baja talla y peso para su edad, lo cual se vino a complicar desde 2020 por la pandemia de Covid 19 y la consecuente suspensión de actividades en las escuelas públicas.

“Con estas medidas se vulnera el espíritu garante de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, pues al ser políticas asistencialistas, los beneficiarios serán los adultos que reciban directo el apoyo y no la niñez y adolescencia, violentando el principio del interés superior de la niñez que establece que en toda política pública el Estado debe velar por priorizar a la infancia”, concluyó.