El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó el martes un toque de queda en algunos sitios estratégicos para el Gobierno, horas después de que miles de manifestantes indígenas irrumpieran en el edificio de la Asamblea.
Las protestas en Quito y otras zonas de la nación andina en rechazo al alza de los precios de los combustibles se recrudecieron hoy.
El toque de queda aplicará en los alrededores de instalaciones clave y de edificios de funciones del Estado entre las 20:00 horas y las 5:00 horas, mientras dure el estado de excepción vigente.
El contralor general, Pablo Celi, en presencia de Moreno, y acompañado por los titulares de las principales instituciones del Estado dieron su explícito respaldo al Mandatario en una cadena nacional.
«Es necesario diferenciar el reclamo social pacífico, legítimo y garantizado por el mandato constitucional y el orden legal de las acciones conspirativas que pretenden instaurar un ambiente de caos en el país, con ataque violentos contra personas e instituciones, destrucción de bienes públicos y privados, y toma de edificios e instalaciones estatales», dijo leyendo un documento consensuado por todos ellos.
Añadió que los movimientos sociales no pueden ser utilizadas por fuerzas ajenas que acusó buscan destruir el orden democrático
Sin embargo llamó al diálogo, tras advertir que investigarán, juzgarán y sancionarán a los responsables de los desmanes.
El país sudamericano parecía estar en un punto muerto y de riesgo, paralizado por la falta de transporte público y carreteras bloqueadas que afectaban a una economía ya vulnerable.
La violencia, que comenzó la semana pasada cuando el presidente Lenin Moreno decidió recortar los subsidios a los precios del combustible, ha persistido durante días.
Varios pozos petroleros dejaron de producir cerca de un tercio de la producción nacional de crudo, 560 mil barriles diarios porque los manifestantes atacaron las instalaciones, según el Ministerio de Energía.
En medio de las protestas, el presidente Moreno trasladó la sede de Gobierno a la ciudad portuaria de Guayaquil.
Sin embargo, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Jaime Vargas, afirmó que no habrá diálogo mientras no se deroguen las medidas económicas.
Tras las primeras protestas, el Gobierno decretó la semana pasada un estado de excepción en todo el país lo que restringe derechos ciudadanos y faculta al Estado a efectuar requisiciones.