La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación aprobó, con 31 votos a favor, el calendario de las mesas de trabajo con el auditor superior de la Federación y auditores especiales, con motivo de la entrega del Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 y la tercera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020.

Conforme a lo acordado, el próximo 10 de marzo se prevé la asistencia de Emilio Barriga Delgado, auditor especial de Gasto Federalizado; el 17 de marzo, Claudia Bazua Witte, auditora especial de Cumplimiento Financiero y el 24 de marzo, Nemesio Arturo Ibañez Aguirre, auditor especial de Desempeño.

Para el 31 de marzo, se tiene contemplada una mesa con David Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación y auditores especiales.

Además, la instancia legislativa, presidida por el diputado Pablo Guillermo Angulo Briseño (PRI), avaló con 31 votos a favor el formato que incluye mensaje de bienvenida por parte de la presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, hasta por 5 minutos y presentación del funcionario, hasta por 30 minutos.

Dos rondas para preguntas y respuestas de los grupos parlamentarios en orden creciente. La pregunta será de hasta 3 minutos y respuesta hasta por 5 minutos. Además, habrá una ronda final de preguntas y respuestas de las y los diputados que deseen intervenir hasta por 3 minutos y respuesta de los funcionarios hasta por 5 minutos.

Las diputadas y los diputados de la Comisión se reunieron con funcionarios de la ASF para conocer el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) para la Cuenta Pública 2021.

El presidente de la instancia legislativa, diputado Pablo Guillermo Angulo Briseño (PRI) consideró necesario fortalecer la fiscalización, en el entendido de que es un proceso que se lleva a cabo con la ASF y la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, y representa una facultad exclusiva de las y los diputados.

Celebró que se inicie el análisis con el responsable del Programa Anual de Auditorías, ya que las mismas tienen alcances jurídicos. “El compromiso es impulsar el trabajo de fiscalización que realiza la ASF, pues hoy la corrupción es uno de los grandes rezagos y la principal preocupación de las y los mexicanos, y la Auditoría es el único ente con la capacidad, autonomía y determinación legal para auditar el recurso federal”.

Precisó que en 2020 se llevaron a cabo mil 600 auditorías y para este año están programadas más dos mil. “Lo que pedimos las y los diputados es que sean auditorías exhaustivas y que den resultados, pues en México la corrupción aún es uno de los problemas por resolver y pasa más allá de sexenios y de órdenes gobierno; en los municipios, estados e incluso en la Federación siguen habiendo situaciones del mal uso de los recursos públicos y que los funcionarios que tienen esas actitudes hoy no pueden seguir sin tener consecuencias legales”.

En su intervención inicial, Jaime Bolaños Cacho Guzmán, titular de la Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo de la ASF, mencionó que la Auditoría no pueda estar sujeta a la voluntad de ningún partido político ni a la parcialidad de intereses políticos, sino debe ser una institución que garantice la imparcialidad en el proceso de fiscalización.

La Auditoría, dijo, lo que revisa son Cuentas Públicas sujetas a un proceso anual de fiscalización y lo que audita son entidades públicas, “muchas veces se nos solicita que auditemos a personas físicas, proveedores, sujetos que participan en un proceso de fiscalización, pero ahí no es de acuerdo con la Constitución una atribución directa que tenga la ASF, sino corresponde a otras entidades del sector público”.

Indicó que la intervención en la fiscalización y el enfoque que se da a partir de la planeación es preventiva, y lo que se quiere es contribuir al buen gobierno de las entidades públicas, a la rendición de cuentas y ser un órgano reconocido por su calidad técnica en materia de fiscalización a nivel nacional e internacional.

María Guadalupe Toscano, encargada del Área de Planeación de la ASF, expuso que de las dos mil 34 auditorías que conforman el PAAF 2021, 84 son de desempeño, 70 combinadas, de cumplimiento y desempeño, mil 755 de cumplimiento, 110 de cumplimiento a inversiones físicas y 16 de cumplimiento a tecnología de información y comunicaciones.

​Detalló que con las dos mil 34 auditorías, mil 972 cubren la suma de 4.6 billones de pesos del Presupuesto Federal de Egresos 2021, lo que significa el 80 por ciento de los recursos destinados a la Administración Pública Federal. Agregó que las entidades más fiscalizadas son: Pemex, 56; CFE, 31; SCT, 24; Sedena, 21; Bienestar, 18; Fonatur, 16; SEP, 15; SHCP, 15; IMSS, 13; ISSSTE, 10; Insabi, 8; Semar, 8; Semarnat, 8, Conavi, 8 y Nafin con 7.

​En cuanto a la cobertura del cumplimiento financiero, apuntó, se realizó un análisis por rango de presupuesto, al establecer tres rangos mayores; el primero, contempla sumas de más cinco mil millones de pesos, de las cuales el PAAF ha fiscalizado a 38 de las 50 entidades. El segundo, incorpora a las instituciones intermedias entre mil y cinco mil millones de pesos, siendo auditadas 39 entidades de 78 en esta Cuenta Pública y en el tercero se concentraron los presupuestos menores a mil millones de pesos, el cual ha revisado 17 de las 186 entidades.

​En el gasto federalizado, explicó que se tienen 911 entidades, lo que representa el cien por ciento de las entidades federativas. Además, resaltó que se ha fiscalizado al 25 por ciento de los municipios y alcaldías y se espera que se aumente el rango con la incorporación del uso de las tecnologías.