La intención del Gobierno de México para demandar a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, por hechos que no han ocurrido es una “falacia jurídica”, afirmó hoy la canciller boliviana, Karen Longaric, al responder al anuncio mexicano de ocurrir a ese organismo a denunciar el asedio a su embajada.

El Gobierno de México anunció por la mañana la presentación de un recurso ante la CIJ por el asedio policial su embajada en Bolivia y “ante la posible violación de un recinto diplomático mexicano en el exterior”, adelantó su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Longaric respondió que el gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez se ha mostrado con respeto a los tratados internacionales y las sedes diplomáticas mexicanas y «jamás podrían ingresar fuerzas de seguridad nacional a un inmueble diplomático sin previa autorización”.

Por ello la demanda “es una falacia jurídica jurisdiccional, porque nadie puede instaurar una demanda por hechos no probados o por presunciones que anuncia la Cancillería mexicana, nadie puede ser demandado por hechos que no ha cometido”.

La canciller boliviana dijo en rueda de prensa que “presumiblemente” se les acusa de intentar violar la inmunidad de la sede mexicana pero que “al mismo tiempo anuncian esa demanda” y es “un desliz que no le hace nada bien a la seriedad que presumía tener la Cancillería mexicana».

Explicó que los representantes mexicanos en su país solicitaron el 19 y 29 de noviembre reforzar la seguridad ante el “asedio de movimientos sociales que protestaban al frente de su embajada”.

Estimó al concluir que en la cancillería mexicana “se van a retractar de esa decisión, deberían retractarse, porque ninguna fuerza policial ha ingresado a los recintos diplomáticos de México ni ha violado la Convención de Viena».

Previamente la cancillería ha mencionado que el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rompió los acuerdos “cuando le dio asilo al señor Evo Morales, terrorista confeso por haber mandado a asesinar al pueblo de Bolivia y quitado la comida”.

El Gobierno de México ha señalado hostigamiento por fuerzas de seguridad bolivianas en su embajada desde el 11 de noviembre por alojar nueve ex funcionarios del dimitido Morales, que han solicitado asilo en su territorio, cuatro con orden de aprehensión de «las autoridades bolivianas de facto», confirmó este jueves Ebrard.