En la presentación del libro “Desplazamiento forzado interno en México: del reconocimiento a los desafíos”, la senadora Nestora Salgado García pidió a las comisiones de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda aprobar, en este Periodo Ordinario de Sesiones, la minuta sobre la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.

Además, la legisladora de Morena hizo un llamado para que se realicen mesas de trabajo entre el Senado y las secretarías de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público, para que se pueda destrabar esta ley mediante el diálogo, pues “tenemos que buscar el cómo sí podemos tener una nueva legislación”.

Sabemos, dijo, que la parte presupuestal es muy importante, pero en el tema de derechos humanos no podemos argumentar un retraso por cuestiones de recurso, pues hablamos de derechos fundamentales y “el presidente Andrés Manuel López Obrador ha comentado que para todo lo que tiene que ver con los derechos humanos no hay techo financiero”.

Por eso, aclaró, me sorprende que este proyecto esté detenido por el tema del recurso, por lo que tenemos que encontrar la ruta para que esta Ley sea una realidad, nos debemos comprometer a sacar esta legislación en este periodo, porque el Senado no les ha dado respuesta a las víctimas, a los colectivos, a las organizaciones y a la sociedad en general.

Nestora Salgado expresó que se tiene que avanzar en la construcción de un marco legal que aborde el desplazamiento forzado en México, por lo que este libro debe ser un instrumento de reflexión, de motivación para atender y visibilizar uno de los pendientes que hay en materia de derechos humanos, y así erradicar esta problemática en el país.

Mencionó que la presentación de la obra se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de Gobernación, con el fin de visibilizar el desplazamiento forzado interno. “Es un documento que recupera las reflexiones de expertos en la materia y nos muestra los retos que tiene México para atender, de manera integral, este tema”.

Salgado García subrayó que, para dimensionar esta situación, es preciso señalar que autoridades federales y expertos calculan entre 260 mil y 357 mil los mexicanos que han dejado sus hogares debido a la inseguridad, pobreza, desigualdad y desastres naturales, entre otras razones.

En virtud de que no se cuenta con un registro nacional sobre víctimas desplazadas, añadió, el Gobierno Federal estima que diariamente 38 personas dejan sus hogares a causa de la violencia; además, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, registró en 2021 alrededor de 29 mil personas desplazadas, “la cifra más alta desde 2016”.

Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural, afirmó que la política migratoria en este país es una política estructural de violación a los derechos humanos, “que está matando”, ya que tenemos un gobierno insensible, porque hay una problemática que han denunciado organismos y organizaciones de la sociedad civil, y el gobierno no lo quiere ver, “esta situación es el reflejo de como gobiernan”.

Por ello, dijo, se requiere una ley nacional que obligue a la articulación de los tres niveles de gobierno, para poder detonar una política pública para ayudar a las víctimas; sin embargo, no quieren dar presupuesto a la legislación sobre el desplazamiento forzado, porque “la Secretaría de Hacienda mandó la señal de no aprobarse por el impacto presupuestal y está en la congeladora”.

A nombre de los diversos autores del libro, Michael Chamberlin, José Luis Calderón, Ramón Martín Escoria y Andrea Ramírez Silva, entre otros; el director general de Política Pública de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, José Luis Calderón Ríos, precisó que el gobierno ya dio el primer paso al reconocer el desplazamiento forzado interno como un problema público.

Lo que representa un primer paso para dar justicia a miles de personas que están en esta situación y que son víctimas de violaciones de sus derechos humanos. Lo que sigue, refirió, es dotar al Estado mexicano de herramientas para que haya articulación interinstitucional, presupuesto y certeza jurídica, para contar con soluciones verdaderas para atender a las personas afectadas por este fenómeno.

Foto: Senado