La senadora Sylvana Beltrones Sánchez solicitó que la Secretaría de Gobernación ponga en marcha un programa integral para atender el desplazamiento forzado interno, que incluya mecanismos para garantizar la seguridad de las comunidades desplazadas y un registro federal de víctimas.

En un punto de acuerdo que enlistó en la Gaceta Parlamentaria del 22 de marzo, la legisladora del PRI reconoció que este tipo de casos datan de los años setenta “principalmente por conflictos de carácter religioso”.

Sin embargo, acotó, actualmente el desplazamiento forzado interno es una de las consecuencias del innegable incremento de la violencia, sobre todo de la ocasionada por el crimen organizado.

“A pesar de la existencia de este fenómeno social, resulta preocupante que desde hace décadas no exista una cifra oficial o una metodología aplicada desde las instancias gubernamentales, por lo que la información que hoy se conoce es gracias al trabajo de asociaciones civiles y organismos autónomos”.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, 262 mil personas migraron de forma interna por causa de la inseguridad delictiva o de la violencia entre 2015 y 2020, 47.5 por ciento hombres y 52.5 por ciento mujeres; de ellas, 27.5 por ciento tenían entre cinco y 19 años.

El reporte global 2021, del Centro de Monitoreo sobre Desplazamiento Interno, reportó nueve mil 700 nuevos desplazamientos por conflictos en 2020. Además, señaló que en México la violencia continuoì sin cesar a pesar de la pandemia.

La senadora subrayó en el documento, que se turnó a la Comisión de Gobernación, que las personas que padecen desplazamiento forzado interno son victimizadas de manera sistemática y se encuentran en condiciones de indefensión.

Al ser obligadas a abandonar sus lugares de residencia y actividades económicas habituales pueden estar más expuestas a ser víctimas de otro tipo de delitos, como secuestros, robos, extorsiones o violaciones.

A lo cual pueden sumarse, en algunos casos, advirtió la legisladora, la pérdida de sus familiares, de sus medios de subsistencia, de documentos personales, de bienes patrimoniales y económicos, además de que pueden quedar imposibilitadas al acceso a los servicios básicos.