El senador Ricardo Velázquez Meza solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que, en coordinación con las 32 entidades federativas, fortalezca las estrategias de seguridad pública en estados y municipios, para erradicar la extorsión a pequeños comercios locales.

En un punto de acuerdo, que inscribió en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente del 24 de enero, el legislador advirtió que pequeños comercios de la Ciudad de México y de la Zona Metropolitana pagan dos veces al mes entre 500 y hasta cuatro mil pesos de cuota por extorsión o cobro de piso.

Detalló que, Cuauhtémoc Rivera Rodríguez, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), explicó que el pago de extorsiones o cobro de piso representa entre el 10 y 20 por ciento del ingreso de este tipo de empresas.

El legislador, mencionó que la ANPEC señala que, este delito se encuentra generalizado en todas las alcaldías de la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

Los más afectados, agregó, son los lugares donde hay mayor nivel de consumo, como en colonias de la Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, así como en zonas populares con alta densidad poblacional, como Iztapalapa y Ecatepec, por mencionar algunos.

Por ello, también pidió a la Guardia Nacional que, dentro de sus competencias, fortalezca los operativos regionales contra agresores y extorsionadores a pequeños comercios.

Además, consideró necesario que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a las Fiscalías Estatales de las 32 entidades federativas, para que den continuidad y seguimiento puntual a las denuncias promovidas por extorsión y amenaza a pequeños negocios.

Velázquez Meza detalló, que en la mayoría de los casos este delito se lleva a cabo de forma presencial, toda vez que la población ya no cree en la extorsión telefónica.

“Esta situación, con el paso del tiempo, induce el alza generalizada de precios en el caso de los productores, lo que provoca incertidumbre y que abandonen el ramo. Por lo que es indispensable generar las condiciones necesarias de seguridad y operativos constantes para erradicar esta práctica”, expresó.

Además, consideró que con estas medidas también se garantiza la soberanía alimentaria, porque se asegura un precio estable de los productos a las familias más vulnerables y, al mismo tiempo, el derecho a una vida digna.

“Propietarios de pequeños comercios en el país coinciden en que la práctica de extorsión es uno de sus principales problemas. Carnicerías, neverías, pollerías, panaderías, purificadoras de agua, estéticas y hasta vendedores de tostadas, son azotados por criminales para obtener dividendos a cambio de protección o de preservar su vida”, lamentó.