Paridad de género en el Poder Judicial, amparos directos en revisión, fortalecimiento de la carrera judicial, facultades del Consejo de la Judicatura, crear órganos para violaciones a derechos humanos y sustitución de los Tribunales Unitarios, fueron los temas centrales del foro ¿Hacia dónde va la Reforma con y para el Poder Judicial?, que concluyó este viernes.

La diputada Pilar Ortega Martínez (PAN), presidenta de la Comisión de Justicia, señaló que las aportaciones del foro orientarán y ayudarán a los legisladores a tomar las mejores decisiones.

Dijo que esta reforma debe servir al Poder Judicial y a las autoridades judiciales para generar los cambios que el país necesita; de ahí la importancia que el tema trascienda a la sociedad civil.

Con relación a la paridad, celebró que se defina una política pública específica en el Sistema de Administración de Justicia, porque se ha desarrollado en el Legislativo, pero el reto es abrir la participación al resto de los poderes.

La diputada Martha Patricia Ramírez Lucero (Morena), secretaria de la Comisión, consideró que los elementos del Poder Judicial fueron poco tomados en cuenta para esta propuesta de reforma. Agregó que hay quienes buscan integrarse a este ámbito, cuando hay personal que tiene 20 años demostrando su experiencia.

Enfatizó que la pandemia ha evidenciado una serie de carencias que deben analizarse para buscar soluciones. “La administración de justicia no puede detenerse”, aseveró.

Primera mesa de trabajo

En la primera mesa: El interés excepcional y los amparos directos en revisión: ¿oportunidad o desacierto?, participaron Jorge Alberto Lara Rivera, ex subprocurador Jurídico de la otrora PGR; Juan Jesús Garza Onofre, Investigador de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey; Habib Gilberto Díaz Noriega, coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, y Javier Cruz Angulo Nobara, director de la Clínica de Interés Público del CIDE.

Se planteó que la reforma debe tomar en cuenta a los justiciables para brindarles seguridad y certeza jurídica. Otra aportación sostuvo que la pandemia evidenció la necesidad de modernizar al Poder Judicial para estar a la altura de los retos actuales.

Fortalecimiento de la carrera judicial

En la mesa “Fortalecimiento de la carrera judicial” participaron el magistrado Serafín Salazar Jiménez, director de organización de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito; Miguel Ángel Núñez Valadez, vicepresidente del Colegio de Secretarios y Secretarias de la Suprema Corte, y Laurence Pantin, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia, de México Evalúa.

Revisaron la regulación del ingreso, permanencia y promoción por desempeño en la carrera judicial y se reconoció la necesidad de reglamentarla desde el nivel operativo. Consideraron que su fortalecimiento debe hacerse por la vía legislativa, no mediante acuerdos internos o prácticas que a cabo el Poder Judicial.

Los participantes aseveraron que regular la carrera judicial abona a la transparencia y la cultura de la legalidad, porque propicia reglas claras que facilitan su conocimiento y motivan la supervisión de actores externos al Poder Judicial.

El rector de la Escuela Libre de Derecho, Ricardo Antonio Silva Diaz, señaló que se debe crear una ley general para regular la carrera judicial. Además, para terminar con problemas de nepotismo, corrupción e ineficiencia al interior del Poder Judicial propuso una escuela judicial autónoma, independiente del presidente de la Corte o del Consejo de la Judicatura.

¿Conviene reformar facultades del Consejo de la Judicatura?

En esta mesa participaron Julio Ríos Figueroa, investigador del CIDE; Javier Martín Reyes, de la División de Estudios Jurídicos, también del CIDE; Luis Efrén Ríos Vega, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila y el magistrado Ariel Alberto Rojas, director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito.

Aquí se planteó la importancia de proteger los derechos humanos, y contar con tribunales especializados en la materia. Además, facultar al Consejo de la Judicatura a establecer tribunales ad hoc generaría un problema de convencionalidad; y que la propuesta de desaparecer la facultad de SCJN para revisar los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura Federal sería regresiva.

Sustitución de Tribunales Unitarios de Circuito

En esta mesa participaron José Antonio Caballero Juárez, profesor e investigador del CIDE; José Mario de la Garza Marroquín, presidente de Renace; Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y el magistrado Arturo González Padrón.

Se analizó que la justificación para modificar la estructura del Poder Judicial es muy problemática y que la iniciativa no establece que los plenos regionales conozcan las contradicciones en el conjunto de circuitos. No hay evidencia que sustente que cambiar los tribunales unitarios a colegiados de apelación tenga viabilidad.

También se afirmó que la justicia digital no funciona de manera adecuada frente al reto que hay, por lo que si se busca una reflexión profunda sobre las necesidades del Poder Judicial se debe escuchar a los usuarios.

Paridad de género en el Poder Judicial: retos y propuestas

En la última mesa del foro se conocieron las aportaciones de la magistrada Paula Ma. García Villegas Sánchez Cordero, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil; Irene Spigno, directora general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, y Paulina Téllez Martínez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, de la Secretaría de Gobernación.

Aseveraron que de nada sirve una paridad que determine la participación al 50 por ciento, si no se les reconoce a las mujeres y hay violencia hacia ellas. Se Planteó plasmar en la ley la integración paritaria en todos los órganos colegiados, que al menos haya una mujer porque en aras de erradicar roles y estereotipos de género se han provocado terribles injusticias contra ellas.

Asimismo, que las medidas para incluir la paridad de género son tibias, débiles, poco sensitivas y están pensadas como principio rector, pero no tienen la fuerza jurídica para que este principio se convierta en realidad.

En los altos niveles del Poder Judicial no se ven muchas mujeres, ni en presidencias de Tribunales Superiores de Justicia.

Precisaron las participantes que en el Estado de México hay 154 juezas, de un total de 385 jueces y hay entidades, como la Ciudad de México, donde es mayor la proporción de mujeres que de hombres, pero en muchos estados se debe trabajar más para alcanzar la paridad.