La senadora Martha Guerrero Sánchez propuso reformar el Código Penal Federal, para que el personal de las instituciones de salud esté obligado a dar vista a las autoridades correspondientes, cuando los pacientes presentan indicios de abuso sexual, violencia familiar, lesiones y violación.

De no realizar dicha acción, sugirió la legisladora de Morena, a juicio del juzgador se debe sancionar a los directores, encargados o administradores de cualquier centro de salud, con prisión de tres meses a dos años, hasta 100 días multa y suspensión de tres meses a un año.

Aun cuando México es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño y cuenta con una reforma constitucional de avanzada en materia de derechos humanos, a los menores se les violenta su derecho a la vida y a vivir una vida libre de violencia.

Guerrero Sánchez indicó que en 2019 se registraron más de 239 mil 219 carpetas de investigación por violencia familiar; y en 2020 se presentaron 7 mil 191 carpetas de investigación por lesiones dolosas a personas menores de edad.

Además, en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, se demostró que los ámbitos laboral, escolar, familiar, institucional y comunitario, ocurren con mayor frecuencia las agresiones en contra de las mujeres.

En este contexto, la senadora Guerrero Sánchez señaló “la ineficiencia del Estado mexicano para garantizar el derecho a la vida de los niños, así como el goce de una vida libre de violencias, por lo que es urgente fomentar la cultura de la denuncia y establecer mecanismos que faciliten el pronto esclarecimiento de los hechos”.

La legisladora de Morena también destacó que el feminicidio es la forma más extrema en contra de la mujer y en la gran mayoría de los casos inicia con la violencia familiar, lesiones, acoso y abuso sexual, por lo que se requiere una respuesta inmediata por parte de las autoridades ante indicios de este tipo de agresiones.

Refirió el caso de Yaz, una niña de siete años, víctima de feminicidio en Puebla, quien previo a ser ingresada por última vez a terapia intensiva había sido internada en el “Hospital La Margarita” del IMSS, con claros signos de violencia familiar y que “fue devuelta a sus padres, para que posteriormente fuera víctima de feminicidio”.

Casos como este, son “solo la punta del iceberg en una sociedad en la que se calcula que se cometen cerca de 11 feminicidios diarios, apuntó.

Insistió en que es urgente involucrar a toda la sociedad y que ante indicios de violencia familiar, acoso sexual o lesiones cometidos contra niñas, niños o adolescentes, se tenga la obligación de denunciar dichas conductas de manera inmediata, para que de esa manera se corte la cadena de la violencia”.

La propuesta, que adiciona el artículo 229 Bis al Código Penal Federal, fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su dictaminación.

Foto: Senado