Es inmoral e ilegal que la alcaldesa con licencia haya desviado recursos en plena pandemia: Fernández Solana
Por los presuntos delitos de utilización ilegal de fondos, bienes o servicios públicos municipales, peculado y abuso de autoridad, la dirigencia estatal de Redes Sociales Progresistas (RSP) presentó una denuncia, ante la Fiscalía General del Estado (FGE), contra la presidenta municipal con licencia, Claudia Rivera Vivanco, candidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Puebla capital.
En entrevista, luego de presentar la formal querella, Ramón Fernández Solana, presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal (CEE) de RSP Puebla, aseguró que, además de ilegal, es inmoral que en un momento de crisis económica y de salud, la hoy candidata reeleccionista haya desviado recursos que son de todos los poblanos y las poblanas, para alimentar su ambición.
“A mí me parece inmoral que, viviendo la crisis económica que estamos viviendo, se desvíen recursos públicos a las campañas y más, en este caso, de una administración que fracasó completamente, que le quedó mal a los poblanos, que no tuvo la capacidad de resolver los problemas de la ciudad y que, en un interés personal reeleccionista, ocupe recursos públicos que le pertenecen a las familias poblanas, para apoyar su campaña… Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, afirmó Fernández Solana.
Acompañaron la presentación de esta denuncia: Gabriela Pérez Bazán, coordinadora de Mujeres Progresistas en Puebla; Gerardo Saravia, director General de la firma jurídica electoral COMITIA; Cirilo Salas Hernández, candidato de RSP a diputado por el Distrito 9 Local; y César Morales, candidato de RSP a diputado por el Distrito 10 Local.
La querella es por los delitos de:
Utilización ilegal de fondos, bienes o servicios públicos municipales, o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse como candidata.
Abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal el servidor público, por la ejecución de actos arbitrarios y atentatorios a los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado.
Y peculado, por destinar a título personal e indebidamente fondos públicos, con el objeto de promover su imagen política o social.
