El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al presidente Andrés Manuel López Obrador y funcionarios del gabinete del sector salud por uso indebido de recursos públicos, difusión de propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada, así como por utilización del padrón electoral en la estrategia de vacunación contra el SARS-CoV-2.

A través de un comunicado, dijo que en la presentación de la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) de la FGR, con folio 2100021996-52D37B, precisa que las decisiones que ha tomado el Gobierno Federal conducen al fracaso de su estrategia en la atención y control de la pandemia; la evidencia es contundente, las cifras a inicios de enero de 2021 están ya muy cercanas a las 150 mil muertes.

El legislador federal panista denunció un conjunto de hechos que pueden ser constitutivos de los delitos electorales, señalando conductas negligentes y omisiones por parte de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República; Javier May Rodríguez, titular de la Secretaría de Bienestar; Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal; los delegados estatales y coordinadores regionales de programas para el desarrollo y de los denominados “Servidores de la Nación”.

Explicó que una gran parte del padrón electoral, que son beneficiarios de los principales programas de Bienestar (adultos mayores 14.5 millones y menores de 40 años 29 millones) son la población objetivo de vacunación del Gobierno Federal, la cual estaría expuesta a propaganda electoral de Morena por medio de los denominados “Servidores de la Nación”, individuos que están lejos de ser empleados públicos, sino reclutadores políticos a favor del partido del Presidente.

Dijo que se tiene un registro de 19 mil 60 “Servidores de Nación”, encargados de realizar el censo y posterior selección de la población a la que le será aplicada la vacuna contra el SARS-CoV2, no obstante, no es posible identificar su área geográfica de adscripción o las atribuciones que dicho personal tiene, tampoco se detallan sus funciones en el Reglamento Interno de la Secretaría de Bienestar o en el de la Coordinación Nacional de Programas para el Desarrollo, por lo que su labor en la estrategia de vacunación carece de sustento legal.

Indicó que de acuerdo con el artículo 134, párrafos 7 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, agregó.

Ramírez Barba dijo que la actuación de los “Servidores de la Nación” configura, al menos, violación al principio de imparcialidad por el uso indebido de recursos y servicios de carácter público y difusión de propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada para influir en la contienda electoral de 2021 a nivel federal y local.

Además, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece, en su artículo 449, entre otros apartados, en el inciso F que, constituye una infracción la utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o de la Ciudad de México, con la finalidad de inducir o coaccionar a las Ciudadanas y Ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o persona candidata.

Como medios de prueba, el legislador federal panista ofreció imágenes con las cuentas de Twitter y Facebook del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador; Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena; y las cuentas institucionales de Twitter del partido Morena, de los diputados federales de Morena y los senadores de Morena, en las que se puede acreditar sincronía y mensajes similares referentes al proceso de vacunación, con el propósito de realizar propaganda y promoción personalizada de Morena y el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Ramírez Barba solicitó en su denuncia ante la Fepade determinar si existe condicionamiento y/o promoción del voto en el levantamiento del padrón para la entrega de las vacunas contra el SARS-CoV2 en todo el territorio nacional, por parte de militantes o simpatizantes del partido Morena y de los “Servidores de la Nación”.

Así también, invalidar la participación de éstos últimos en el proceso de selección de la población que será inmunizada con la vacuna contra el SARS-CoV-2 y en su posterior aplicación, debido a que carecen de atribuciones para dicho fin, al vulnerar la equidad en la contienda electoral de 2021 y se constituye como propaganda política a favor del Presidente de la República y del partido Morena.

Por último, solicitó a la autoridad judicial en materia electoral ordenar al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, la realización de una comunicación institucional sobre la estrategia de vacunación contra el SARS-CoV-2, atendiendo lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de imparcialidad en el uso de recursos públicos y difusión de propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada para influir en las preferencias electorales.

También se presentó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el día de ayer para exhortar al INE y a la Fepade a emitir medidas cautelares para impedir el uso político-electoral de las vacunas Covid-19 y solicitar el retiro de los “Servidores de la Nación”.