COLIMA, Colima.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) abrió una investigación de oficio sobre el asesinato de siete policías de la entidad, a quienes el 28 de mayo se les ordenó escoltar a empresarios jaliscienses de minería.

Cuatro días después de su desaparición, todos los oficiales fueron encontrados sin vida al interior de una camioneta en el municipio de Manzanillo.

El ombudsman Sabino Hermilo Flores Arias fue entrevistado por la agencia Apro, e indicó que se inició la queja de oficio por el multihomicidio y se le requirió la documentación correspondiente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los objetivos son verificar que exista la carpeta de investigación y se les brinde atención a las víctimas, así como también están «indagando que se hayan seguido las normas y apegado a la ley y a los protocolos para este tipo de comisiones por parte de las autoridades a las que estaban adscritos los policías”.

Una cuestión relevante, dijo el funcionario, es esclarecer si los agentes fueron enviados a Jalisco «vestidos de civil y en vehículos no identificados con las insignias de la policía estatal, además de que las autoridades [de allá] no fueron notificadas de la incursión que harían a esa entidad».

Cabe destacar que en 2019 la CDHEC dirigió una medida cautelar a la SSP, para pedirle al titular no enviar a sus integrantes sin uniforme ni vehículos oficiales, ya que en diciembre de 2018 no se acató y un oficial «hirió de bala a un adolescente que quedó imposibilitado para volver a caminar».
No obstante, Flores Arias remarcó que «[son antecedentes que] estamos ponderando en este caso y no pueden omitirse, pero en este momento no podemos hacer una manifestación conclusiva, aunque sí te puedo adelantar que son elementos que están valorándose”.
Añadió que ya cuentan con algunos reportes que se están examinando “para deslindar responsabilidades y emitir los documentos recomendatorios a la mayor brevedad posible, porque Colima requiere que estas instancias –lo digo sin ánimo de prejuzgar– cuenten con todos los elementos para perseguir las acciones criminales, para lograr dar con los responsables de los ilícitos”.

El ombudsman concluyo que «se trata de servidores públicos pertenecientes a una corporación policiaca, y ello debe quedar patente para que, sin dilatar otros asuntos, también a este darle la justa dimensión que requiere”.

Por otra parte, la Comisión asiste a los familiares de las víctimas ante la FGE y otras dependencias, para ejercer sus derechos como la reparación integral del daño.

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