Racismo sistemático, burocracia excesiva y ausencia de datos son algunas de las múltiples peripecias que deben sortear los indígenas en su búsqueda de justicia frente a crímenes de Estado.

En 1978, el profesor Víctor Pineda Henestrosa fue sustraído por elementos del Ejército pertenecientes al undécimo batallón de Infantería de Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Víctor Yodo, como le llamaban, era un reconocido activista zapoteco que luchó por la defensa de la naturaleza. A 43 años de su desaparición, la poeta Irma Pineda Santiago continúa con el legado de su padre al tiempo que clama por su regreso.

Esta historia de lucha fue elegida por la IBERO Puebla para arrancar el Diplomado en Derechos Humanos, Género y Acceso a la Justicia. Espacio formativo que ha sido el canal para preparar a más personas en la defensa institucional de los derechos humanos, aseguró Erika Ollinger Lamadrid, directora de Educación Continua, durante la conferencia inaugural.

Puebla no es ajena a la crisis de derechos humanos que vive el país. La entidad acumula 2,501 personas desaparecidas, que se suman a las 91,444 ausencias a nivel nacional. Lo mismo puede decirse de los feminicidios, que de enero a julio de este año han sumado 564 casos; el 7.2% han ocurrido en territorio poblano.

Ante este contexto, Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la Ibero Puebla, deseó que el diplomado provea de reflexiones profundas sobre la realidad que encaminen acciones para un abordaje interseccional de los derechos humanos.

Dolor heredado

“¿Dónde están los desaparecidos indígenas?”, se pregunta la Mtra. Irma Pineda Santiago en varios de sus poemas. No solo se refiere al paradero físico, sino a la representación estadística: los métodos de recolección de datos del Estado mexicano no permiten saber cuántas de las personas desaparecidas son indígenas, y mucho menos cuántas son mujeres indígenas.

Aunque existen antecedentes en las luchas sindicales de los años 40, la historia de la desaparición forzada en México encuentra su primer epítome en la masacre de Tlatelolco de 1968, a la que le siguió la persecución de jóvenes (muchos de ellos indígenas) durante la década siguiente en el periodo conocido como “Guerra Sucia”.

Como explicó Pineda Santiago a los diplomantes de la Ibero Puebla, el Estado ejecuta la desaparición forzada contra quienes considera sus enemigos políticos. Durante los años 70, grupos organizados como la Liga Comunista 23 de Septiembre y la Coalición Obrera Campesina Estudiantil fueron expuestos, a través de los medios de comunicación, como un daño potencial para los intereses de la nación.

La construcción mediática de antagonistas permite justificar la represión a través de la violencia. Agregó la poeta: “Frente a la gente se van convirtiendo no solo en el enemigo público, sino en un actor que puede hacer mucho daño en su entorno y, por lo tanto, es necesario acabar con él”.

A diferencia de los civiles de las urbes, la desaparición de personas indígenas es concebida como un ataque directo a toda una comunidad. Las familias no solo buscan reivindicar la identidad individual de las víctimas, sino su rol como líderes comunitarios que fueron sustraídos, en la mayoría de los casos, por defender los intereses de todos los lugareños.

La violencia que implica la desaparición forzada de personas indígenas es consecuencia de otras violencias: desde el racismo y el machismo hasta las marginaciones educativas, medioambientales y socioeconómicas. “Es el crimen perfecto. Al tratarse de una desaparición no existe un cadáver, y si no hay un cadáver no se puede probar que hubo un delito”, redondeó Irma Pineda.

El proceso de justicia es, de facto, revictimizante. Las personas indígenas que acuden a los ministerios públicos reciben como respuesta que los desaparecidos, especialmente las mujeres, se marcharon por voluntad propia. Además, en muchos casos se les pide que comprueben la existencia de la persona y encuentran barreras para probar la participación del Estado en el ilícito.

Ante las demandas de verdad, justicia y memoria, las autoridades han utilizado una narrativa que niega el delito y violenta, de manera simbólica y efectiva, a las familias. De igual manera, existen antecedentes en los últimos 30 años de simulación, investigaciones ambiguas y dificultades burocráticas pese a la creación de organismos como la CNDH.

De acuerdo con Irma Pineda, la administración del presidente López Obrador ha dado muestras de voluntad para atender a las familias. Además de reconocer la existencia de la desaparición forzada, se han creado instancias como la Comisión Nacional de Búsqueda y la Unidad de Atención a Víctimas.

La búsqueda de desaparecidos se ha convertido en la herencia intergeneracional para miles de familias del país. Las comunidades indígenas lo han asumido como un proceso permanente de resistencia y memoria. “Limpia mis ojos, padre, que cansados están de no mirarte, de llevarte flores para ninguna tumba”, recita Irma Pineda tras 43 años sin respuestas.