El director general de la consultora Integralia, Luis Carlos Ugalde, aseguró que las autoridades electorales de México tienen la suficiente fuerza institucional para garantizar la legalidad de las elecciones del próximo 1 de julio.

En conferencia de prensa, el expresidente del otrora Instituto Federal Electoral (IFE) aseveró que los mecanismos de protección establecidos para garantizar el voto, hace que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea un organismo sólido para dar resultados confiables de los comicios.

Comentó que “si nos atenemos a la definición precisa de que un fraude electoral es la alteración de los votos emitidos por la alteración de los sistemas informáticos del INE para distorsionar los votos emitidos y depositados en las urnas, la respuesta es que el fraude electoral no existe, no ha existido en los últimos 20 años”.

En ese sentido consideró que pudiera haber acuerdos fuera de la ley en alguna casilla o casillas, pero nunca podría darse un fraude generalizado, porque en la medida que hay representantes de los partidos políticos, esta situación se acota y se limita a casos aislados.

Sin embargo, mencionó que hay diversos riesgos de amenazas y vulnerabilidades como el rebase de los topes de campaña, la compra de voto, la inhibición del sufragio por la recolecta de credenciales electorales a cambio de dinero o artefactos electrónicos.

Asimismo, se pueden dar otros fenómenos que distorsionan el voto, como la siembra de rumores y la difusión de noticias falsas para asustar a la gente y evitar que acuda a las urnas.

Todo ello, abundó, puede suceder antes de acudir a la casilla, pero una vez que el elector emite su voto y lo deposita en las urnas, existen una serie de mecanismos de integridad que impiden la manipulación del sufragio.

Luis Carlos Ugalde alertó que existen otros riesgos como el activismo corporativo a través de la compra del voto en los días previos a la jornada electoral; los posibles conflictos al interior de las casillas y la dilación para dar resultados la noche del 1 de julio.

Así como los desacatos de resultados en aquellas elecciones cuyos resultados sean muy cerrados; posibles impugnaciones para anular resultados que lleve a conflictos postelectorales.