La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que las estancias infantiles de tipo público operaban con diversas irregularidades, como ha señalado el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En el Informe General de la Cuenta Pública 2017, la ASF documentó que los espacios para la educación inicial manejados por la Secretaría de Educación Pública trabajaban de forma opaca e incluso se pagó por servicios no prestados.

En la Auditoría 140-DS titulada «Asistencia y educación inicial integral», el organismo hace observaciones como que este programa careció de regulación normativa que garantizara los principios de selectividad, equidad y transparencia en la asignación y ejercicio de los apoyos.

Asimismo, se apunta, no se acreditaron los parámetros y elementos que se consideraron para el otorgamiento de los recursos a dichas organizaciones, ni que se tomaran en cuenta las necesidades de cada uno de los Centros de Desarrollo Infantil.

Sobre la operación del programa, se indicó que las unidades ejecutoras de dos entidades federativas no comprobaron la aplicación ni el reintegro de los fondos a la Tesorería de la Federación.

En la inspección a las cuentas financieras, la ASF descubrió que haciendo valer recursos dedicados a la educación inicial se cubrieron gastos por conceptos que no se encuentran vinculados con la operación de los Centros de Desarrollo Infantil.

Además de que se pagaron servicios no prestados, se traspasaron recursos a una universidad cuyo principal objetivo es la prestación de servicios de educación media básica, media superior y superior, por lo que no era sujeta de apoyo.

Y, adicionalmente, se observó que una asociación civil que recibió fondos para la operación del programa no proporcionó documentación comprobatoria del gasto realizado.

Con información de Reforma