Durante el ejercicio de revisión de informes, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE detectó que los partidos políticos de Morena, Acción Nacional y del Trabajo transfirieron recursos de sus comités locales a sus comités nacionales para fines distintos a los permitidos en la norma, transferencias que sólo se permiten cuando se efectúen para el pago de proveedores, pago de servicios o para el pago de impuestos.

Al respecto, la Consejera Adriana Favela explicó que si bien el proyecto propone sancionar a los tres partidos políticos, PAN, PT y Morena, con un 10% del monto involucrado del total de las transferencias que realizaron, además se ordena que los comités ejecutivos nacionales devuelvan los recursos que fueron transferidos a sus entidades, quienes los deberán reintegrar a las respectivas tesorerías o, en su caso, a nuevos fideicomisos inmobiliarios, siempre y cuando estos recursos ya hayan estado en fideicomisos con este fin a nivel central.

Favela anunció su voto en contra de esta medida porque hay un alto nivel de cumplimiento de los partidos políticos a nivel federal y porque no se cuenta con el fundamento legal que obligue a la devolución de estos recursos que fueron transferidos por los comités ejecutivos locales, propuesta que fue acompañada por las consejeras Carla Humphrey y Norma De la Cruz, así como por los consejeros Martín Faz y Uuc-kib Espadas.

Sobre esto, la Consejera Carla Humphrey se pronunció en contra de la disposición reglamentaria que no permite la transferencia de recursos entre los comités ejecutivos de las entidades federativas y los nacionales.

“Considero que dicha disposición pasa por alto el carácter nacional y consolidado de la fiscalización; es decir, los partidos políticos son entes nacionales que, por efectos de organización, tienen funciones en cada demarcación territorial, pero que ello no altera su naturaleza de entidades de interés público de carácter nacional. En ejercicio de su facultad de autoorganización y de vida interna, debieran poder transferir los recursos que consideren necesarios para el adecuado cumplimiento de sus fines, sin mayores restricciones más que éstas sean lícitas y se encuentren registradas y soportadas documentalmente, para contar en todo momento con certeza respecto del origen, monto y aplicación de los recursos”, dijo.

Adicionalmente, manifestó que las transferencias formaban parte de la vida interna y facultad de autoorganización de que gozan los partidos políticos, en la que la autoridad electoral está impedida de intervenir, ya que el artículo 41, fracción I, tercer párrafo de la Constitución General de la República es categórico al establecer que las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley”. En este sentido, la prohibición debiera estar en ley, lo que en el caso concreto no ocurre.

Sentencias del Poder Judicial darán certeza al actuar de los partidos y la autoridad

Al tomar la palabra la Consejera Claudia Zavala afirmó que la decisión que se adoptó responde al cumplimiento de una norma vigente que pretende resguardar los recursos que se tienen en cada estado y que les permite operar desde el ámbito local a través de los comités directivos estatales.

No obstante, reconoció que el asunto muy probablemente sea impugnado ante los tribunales lo que permitirá a los propios partidos tener la claridad de cómo van a operar financieramente desde lo nacional y desde local.

Caso Morena

En el caso del partido Morena, la fiscalización arrojó que se realizaron transferencias de los comités estatales al nacional por un monto superior a los 1,200 millones de pesos, de los cuales, 390 millones se destinaron a un fideicomiso para la adquisición de inmuebles a nivel local.

Las consejeras y consejeros electorales determinaron que los recursos del partido destinados a un fideicomiso para la adquisición de bienes inmuebles desde el Comité Ejecutivo de Morena deberán pasar nuevamente a los comités estatales, ya sea con los inmuebles adquiridos o en efectivo.

La Consejera Norma De la Cruz destacó que un fideicomiso es una figura jurídica contemplada como lícita en materia de fiscalización. “El fideicomiso en comento genera la buena práctica de adquirir inmuebles para los sujetos obligados; es decir, adquieren un activo que contribuye a terminar con el pago de arrendamientos de inmuebles, generalmente que son cuantiosos”.

Por ello, añadió, si bien la forma de operación es incorrecta, el origen, monto, destino y aplicación de recursos se conoce, lo cual debe tomar en cuenta la autoridad.

Llamado a la congruencia

El Consejero Uuc-kib Espadas hizo un llamado a la congruencia, ya que representantes del partido Morena han criticado públicamente los fideicomisos del Instituto Nacional Electoral para infraestructura inmobiliaria, a la vez que este instituto político crea fideicomisos para el mismo fin.

“Un partido político con 30 millones de votos está legitimado para hacer un fideicomiso, pero una institución que protege los derechos políticos de 92 y medio millones de electores ya registrados y más de 30 millones de potenciales de electores que ya están vivos no es legítimo, es un punto de vista que no puedo compartir”, afirmó.

El INE sabe que los fideicomisos son instrumentos financieros avalados por la ley y que pueden usar los partidos políticos; sin embargo, se debe realizar una revisión de la legalidad de los recursos que están en estos mecanismos.

Durante la sesión, el pleno también concluyó la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de las Agrupaciones Políticas Nacionales y recibió el informe de fiscalización sobre hallazgos encontrados en la etapa de recolección de firmas en la Revocación de Mandato, el cual establece, de forma preliminar, que sólo en casos aislados se identificaron gastos vinculados con los sujetos obligados de la fiscalización electoral (partidos y funcionarios), a través de eventos y lonas no permitidos por la normativa vigente aplicable.