Seis activistas migratorios, incluidos cinco «dreamers», fueron arrestados hoy en la explanada frontal de la Suprema Corte de Justicia y el Capitolio en esta capital, tras una caminata como parte de un acto de desobediencia civil en demanda de una solución para los inmigrantes.
Un contingente de 11 «dreamers», incluidos seis mexicanos, salió de Nueva York el 15 de febrero pasado para sensibilizar a la opinión pública y a los legisladores sobre la urgencia de aprobar la iniciativa de Ley Dream, que abre un camino a la ciudadanía para ellos y sus padres.
“Participando en esta marcha le estoy mostrando al Congreso y al país entero que estoy tomando el destino en mis propias manos”, señaló María Duarte, beneficiaria del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y una de las activistas arrestadas este jueves.
Los «dreamers» recorrieron caminando seis estados de la costa este del país, desafiando las bajas temperaturas, tormentas y cansancio. Este jueves llegaron al Paseo Nacional, la gigantesca explanada verde que comunica al Capitolio y el Monumento a George Washington, el primer presidente de Estados Unidos.
Alegres y entonando cánticos a favor de una reforma migratoria, los «dreamers» acompañados de varios activistas caminaron a lo largo de los museos de la Institución Smithsonian hasta la Suprema Corte, que esta semana decidió no escuchar anticipadamente la apelación de la administración del presidente Donald Trump.
El grupo bloqueó una de las vías de circulación, lo cual motivó su detención por parte de la policía.
“Caminé 250 millas (unos 402 kilómetros) y pasé por muchas comunidades que nos abrieron sus casas y sus hogares. Y, sin embargo, ahora el Congreso nos ha cerrado sus puertas”, dijo Aldo Solano, un «dreamer» mexicano que también fue arrestado.
Tras el fracaso de una propuesta de alivio migratorio para el DACA en el Senado, un grupo de legisladores espera revivir una propuesta de solución temporal de uno o dos años que pueda ser votada antes del próximo 23 de marzo, cuando vence el plazo para un nuevo acuerdo presupuestal.