Las y los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC del Senado, que preside la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, sostuvieron una reunión de trabajo con miembros de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), para analizar los retos que enfrenta el sector automotriz.

En ese sentido, senadoras y senadores coincidieron en la necesidad de promover estímulos fiscales para que las y los ciudadanos puedan adquirir automóviles de forma más fácil y con ello impulsar el mercado interno; así como incentivos para detonar la transición hacia la movilidad sostenible.

La senadora Ruiz Massieu Salinas aseveró que el T-MEC busca detonar el crecimiento y la productividad de la región al fortalecer la presencia de nuestro país en cadenas de valor regionales e internacionales, por lo que el sector automotriz es uno de los casos de éxito, de esfuerzo y de integración comercial en América del Norte.

A pesar de ello, la presidenta de la Comisión Especial reconoció que aún hay pendientes por trabajar y retos por abordar, como la diferencia de interpretación en el tratado comercial respecto al valor de contenido regional.

Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA, indicó que, para este sector en su conjunto, el seguimiento al T-MEC es esencial para determinar el desarrollo de esta industria, la cual es de suma importancia para la economía de nuestro país.

Afirmó que, gracias al desarrollo del sector automotor, México ha logrado posicionarse en el escenario internacional como el séptimo productor de vehículos a nivel global; el primer exportador de tractocamiones; y el principal proveedor de autopartes para Estados Unidos.

Asimismo, destacó que 77 por ciento de los vehículos producidos en México se envían a los Estados Unidos y siete por ciento a Canadá, nuestros principales socios comerciales. Sin embargo, señaló que el mercado interno no es fuerte, ya que las y los mexicanos prefieren automóviles manufacturados en otros países, pues son más baratos.

En ese sentido, Rosales Zárate indicó que los problemas de oferta y demanda en el sector continuarán hasta principios del 2023, ya que la situación económica derivada de la situación inflacionaria marca una debilitación del consumo en el país y de la capacidad de endeudamiento.

Además, aseveró que la regularización de vehículos de contrabando, cuyo universo asciende a dos millones de acuerdo con estimaciones del Gobierno Federal, tendrá un impacto negativo para la recuperación del mercado y de los empleos perdidos por la pandemia de Covid-19.

Por ello, Guillermo Rosales dijo que es necesario que el Ejecutivo y el Legislativo emprendan acciones urgentes para ayudar a la recuperación del mercado interno, como la creación de un pacto de cooperación con Estados Unidos para frenar el contrabando automotor, no prorrogar la regularización de vehículos ilegales; y crear una Ley General de Control Vehicular.

También planteó modificar el marco jurídico para otorgar estímulos fiscales para la transición a la movilidad eléctrica; actualización de la deducibilidad para la adquisición y arrendamiento de vehículos; y apoyos a la renovación vehicular de las MiPymes.

Beatriz Paredes Rangel, senadora del PRI, preguntó si la industria automotriz planea crear un vehículo accesible para los sectores más populares, así como programas de financiamiento. Lo anterior, dijo, tomando en cuenta que la compra de automóviles ha disminuido por el contexto de la inflación, la cual se prevé que continuará elevándose.

La senadora de Acción Nacional, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, consideró necesario trabajar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para crear una iniciativa en materia de deducibilidad de autos híbridos o eléctricos, e incentivos para las MiPymes previo a la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Del Grupo Plural, el senador Gustavo Madero Muñoz comentó que es indispensable plantear acciones que se pueden tomar en conjunto con la industria, los poderes Ejecutivo y Legislativo, para adecuarse a los nuevos modelos de producción y comercialización en el contexto del final de la pandemia y el conflicto armado en Ucrania.

De Movimiento Ciudadano, el senador Luis David Ortíz Salinas indicó que falta claridad en la política industrial, por lo que se debe convencer al Ejecutivo Federal para dar facilidades a este sector y con ello generar condiciones que impulsen la inversión en México y crear empleos en las cadenas productivas.

El senador Héctor Vasconcelos, del Grupo Parlamentario de Morena, cuestionó al presidente ejecutivo de la AMDA sobre si existe alguna estimación de cuándo se dejarán de usar automóviles de combustión.

Rosales Zárate comentó que, para incentivar la compra de automóviles nuevos, es necesario eliminar la saturación en el mercado de vehículos usados o de la “basura automotriz”, la cual ingresa al país, ya sea de contrabando o mediante la regularización.

Además, subrayó, se pueden generar esquemas de acompañamiento para que los financiamientos sean accesibles y más baratos, así como la actualización del marco fiscal.

Respecto de las unidades que no son de combustión interna, enfatizó que “no ha habido ningún país en el cual se esté avanzando en la participación de los vehículos eléctricos, que no cuenten con esquemas de apoyo fiscal”.