En los comicios de este 2021 es difícil esperar que los partidos y gobiernos opten por eliminar las malas prácticas electorales, pues desafortunadamente “tenemos una Ley General (en Materia) de Delitos Electorales que, en pocas palabras, abarata el costo de manipular las elecciones”, dijo Irma Méndez de Hoyos, académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-México, durante su participación en Democracia, elecciones y la 4T: actualidades y perspectivas.
En esta primera conferencia del ciclo Encuentro y reflexión. Elecciones 2021, organizado por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, explicó que no hay incentivos negativos para disminuir las malas prácticas porque, por ejemplo, cuando alguien es acusado de compra de votos, se abre una carpeta de investigación, pero nunca se altera el camino electoral, entonces puede seguir haciendo campaña, puede incluso ganar la elección, y después no pasa nada con esas denuncias.
Eso deja ver que hay malas prácticas porque las y los actores políticos saben que “los costos de violar la ley son bajos y no hay castigos ni formales ni informales, y los beneficios son altos”. Entonces lo que hay que entender, comentó Méndez, es que se debe obligar a los políticos, a los partidos y a los gobiernos, a privilegiar el interés público.
Para comprender mejor las cosas, la docente mencionó que las malas prácticas electorales están definidas como: la manipulación de los procesos y resultados electorales, con el fin de sustituir el interés público por un beneficio personal o partidista. De ahí que, erosionan la calidad de las elecciones y las democracias.
Básicamente, hay tres tipos de malas prácticas: la manipulación del marco legal, cuando se diseñan normas para favorecer a algunos; la manipulación de la decisión electoral, con el uso de programas sociales para generar condiciones favorables hacia ciertos contendientes; y la manipulación de los órganos electorales, que “desafortunadamente lo estamos viendo en el caso del Tribunal Electoral y (en) las amenazas al INE y a consejeros en particular”, que lo que intentan es amedrentar y manipular a los órganos electorales.
Luego entonces, “si hay algo en lo que tenemos que poner atención, porque es grave y porque está alterando las condiciones en las cuales se llevan a cabo nuestras elecciones del 2021, es (en) el uso de recursos públicos y la forma en que están utilizando los programas sociales de manera indiscriminada para comprar las voluntades”. Este hecho “inaceptable” altera de manera radical las condiciones en las que un elector toma la decisión de por quién votar, afirmó Méndez de Hoyos.
Otra cuestión que merece observación son los resultados electorales, donde lo más preocupante no es cómo se cuentan los votos, “porque en México se cuentan y se cuentan muy bien”, sino que “los partidos políticos han utilizado el cuestionamiento y el desconocimiento de los resultados electorales como parte de su estrategia, y eso daña y erosiona a nuestras elecciones”.
También deterioran la calidad de las elecciones y de la democracia los ataques y cuestionamientos al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los Organismos Públicos Locales (OPLES), pues los organismos autónomos son una garantía para la defensa del interés público.
Debido a todo lo anterior, la académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales cree que uno de los múltiples retos a enfrentar en las elecciones de este año es el combate a las malas prácticas; las cuales, si plagan los comicios, tienen como consecuencia generar poca satisfacción con la democracia y desconfianza en el Ejecutivo, en el Legislativo, en los partidos y en los gobiernos.
Para concluir, indicó que los gobiernos son quienes ganan o pierden las elecciones, porque éstas son sobre su desempeño; así que, desde su punto de vista, “el 2021 representa una gran oportunidad para realizar una evaluación de los gobiernos y de los representantes federales y locales, porque nuestro voto es un instrumento para castigar el mal desempeño y premiar el bueno”.