La diputada de Encuentro Social, Olga Patricia Sosa Ruiz, impulsa una iniciativa para crear el Registro Público de Agresores, en virtud de que la violencia familiar es uno de los problemas más dolorosos que ha visibilizado la pandemia del Covid-19.

Destacó que en la medida que los contagios se han incrementado también lo han hecho las agresiones en los hogares, en particular hacia las mujeres, que son las más propensas a sufrir maltratos, ya sean menores de edad o adultas mayores.

Propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y del Código Penal Federal, para crear el registro como un mecanismo efectivo de prevención y protección, a fin de atender al factor de riesgo de reincidencia y repetición de conductas de algún tipo de violencia, a favor de víctimas o potenciales víctimas.

La diputada Sosa Ruiz sostuvo que con la creación del Registro Público de Agresores no se vulnera la presunción de inocencia; se respeta este principio, porque sólo se inscribirán las personas sentenciadas.

“Este registro representa una alternativa para visibilizar la violencia contra mujeres y niñas y permitirá que el género femenino cuente con información de los agresores que tengan sentencia firme por los delitos de violencia familiar, feminicidio, violación, abuso sexual, turismo sexual y trata de personas”, apuntó.

Se pretende que este registro cuente con información general de las personas sentenciadas con ejecutoria en materia penal de acceso público. Además, la consulta será por petición escrita, organizada por delito, conteniendo los siguientes datos: fotografía actual, nombre, edad, alias y nacionalidad, agregó.

Destacó que es necesario no limitar el Registro Público de Agresores a delitos sexuales, debido a que la violencia familiar es uno de los delitos que más se cometen contra mujeres, niñas y adolescentes.

Señaló la también integrante de la Comisión de Igualdad de Género, que de enero a septiembre de 2020 hubo un aumento de 2.7 por ciento, con incidencia progresiva, en los abusos y maltratos en las familias al registrarse 163 mil 868 casos de violencias, respecto a 2019.

Entre enero y agosto del año pasado se incrementaron en 2.29 por ciento los feminicidios (sumaron 626) y 1.11 por ciento los homicidios dolosos (mil 906), en comparación a 2019, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sobre los mecanismos de funcionamiento del registro, propuso que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publique en su portal electrónico oficial, el registro que refiera a la persona sentenciada, una vez que cause ejecutoria la sentencia.

Establecer los lineamientos para crear, organizar, implementar, gestionar, actualizar, monitorear y evaluar el funcionamiento del registro; expedir los mecanismos que permitan inscribir, acceder, rectificar, cancelar y oponerse cuando resulte procedente la información contenida en el mismo.

Además, realizar y elaborar estudios, investigaciones y estadísticas con los datos contenidos en el registro, respetando la información de datos personales conforme a la normatividad aplicable para la elaboración de políticas públicas y recibir de los órganos jurisdiccionales los datos de las personas sentenciadas con ejecutoria para registro de las mismas.

Adoptar las medidas necesarias para asegurar la veracidad, integridad y accesibilidad de la información sobre los agresores y proporcionarla a las autoridades locales competentes conforme al marco legal en la materia.