En un acto de sororidad y por la dignidad de todas las mujeres, diputadas federales y locales, integrantes del Organismo Nacional de Mujeres, así como dirigencias estatales del PRI acudieron a interponer quejas ante 31 comisiones estatales de Derechos Humanos, en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por violencia política en razón de género.

“En México, 11 mujeres mueren al día por violencia, no podemos permitir que ésta se reproduzca desde el poder. Hoy somos nosotras las agredidas, pero mañana puede ser cualquier mujer en política, por eso tenemos que poner un alto a este acoso”, afirmaron en un comunicado las y los priistas después de acudir a las instancias en las entidades federativas.

En redes sociales exigieron a las autoridades correspondientes sancionar y poner un alto a este tipo de violencia que ejerce el Gobierno de Campeche en contra de las legisladoras.

Al respecto, la diputada federal y presidenta del ONMPRI, Montserrat Arcos agradeció y celebró la valiosa acción que llevaron a cabo dirigentes de este organismo en todo el país a favor de los derechos de las mujeres, acompañadas por dirigentes estatales, alcaldesas, regidoras, consejeras políticas.

“Las mujeres estamos llamadas a ser protagonistas de la vida política nacional de manera propositiva, por lo que de no estamos de acuerdo con ningún tipo de amenaza como la realizada por la titular del Ejecutivo de Campeche”, resaltó.

Por su parte, la legisladora Melissa Vargas destacó que “la violencia hacia las mujeres por razones políticas debe tener límites y tiene que ser sancionada. La imagen y el prestigio de una mujer no puede ser el medio para atacar a los adversarios, sino las ideas y las propuestas.

“El día de mañana se estará ingresando la solicitud de exhorto por parte de la Cámara de Diputados federal hacia la gobernadora Layda Sansores, para que deje de utilizar su cargo público y su programa de comunicación gubernamental denominado ‘Martes del Jaguar’ para ejercer violencia política y violencia de género en contra de las mujeres en general y de las legisladoras priistas en lo particular”, puntualizó.

En tanto, la representante popular Montcerrat Hernández subrayó que la falta de garantía a los derechos de las mujeres no se puede permitir, luego de que muchas han luchado hasta con su vida para que se pueda tener acceso a espacios de representación, incluyendo a la gobernadora de Campeche, por lo que se deb poner un alto a la violencia desde el poder.

Ante la afirmación pública de una supuesta posesión de fotografías de índole sexual de diputadas del PRI, “el INE debe asegurar que las y los responsables se incorporen al registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política en razón de género, para evitar que vuelvan a ocupar un cargo durante los próximos seis años”, recalcó.

Desde la semana pasada, las estructuras priistas en todo el país alzaron la voz para que cesen las intimidaciones, cuando diputadas federales del PRI presentaron los primeros recursos de denuncia en Yucatán, Veracruz, Sinaloa, Jalisco y Tamaulipas.