Un exhorto a la Comisión Permanente para que comparezca el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, y explique los resultados publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en su estudio sobre el Derecho a la Salud 2023, presentaron las diputadas Frinné Azuara Yarzábal, Mariana Nassar Piñeyro y Laura Barrera Fortoul, así como el diputado Xavier González Zirión, del Grupo Parlamentario del PRI, en un punto de acuerdo que respalda el diputado Ector Ramírez Barba, del PAN.

En un comunicado indicaron que el estudio “Derecho a la Salud 2023” reporta las limitantes en el acceso al derecho a la salud para las personas sin seguridad social, y fundamentaron la necesidad de que el secretario de Salud, Alcocer Varela, se presente ante el Pleno de la Permanente y exponga las estrategias y acciones que se tienen previstas para corregir las deficiencias y omisiones expuestas en el informe del Coneval.

Explicaron que el pasado mes de julio el Coneval publicó el documento “Estudio sobre el Derecho a la Salud 2023: un análisis cualitativo”, el cual tuvo por objeto explorar el acceso al derecho a la salud para las personas sin seguridad social. Señalaron que se identificaron los factores que limitan el acceso a los servicios para esta población, en los diferentes niveles de atención.

Las diputadas y los diputados federales del PRI y del PAN detallaron que el Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica registró una disminución constante del número de consultas.

En 2017 el programa otorgó 2,536,886 consultas, mientras para 2021 el número bajó a 1,189,774; esto representó sólo cubrir 48.8 por ciento de la meta.

En tanto, la infraestructura de unidades médicas requiere mantenimiento preventivo y correctivo, por falta de fondos destinados a estas áreas.

El grupo de legisladores encontró que las personas usuarias mantienen la percepción de que existe un desabasto de medicamentos, porque no se entregan de manera regular, y las personas sin seguridad social se vieron afectadas con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Además, dijeron, derechohabientes han sido rechazados de las unidades médicas por la alta demanda de atención y deben recurrir al servicio privado, ya que con el cambio del Seguro Popular al Insabi dejó de existir la transferencia de recursos de manera automatizada.

Es notable –destacaron los integrantes de la bancada priista– el retraso en la transferencia de recursos financieros, lo cual obstaculizó una atención médica adecuada en los estados, y lo más preocupante: con el nuevo esquema IMSS-Bienestar se vislumbra una centralización de los servicios de salud, e incertidumbre en cómo operará el modelo.

Los legisladores mostraron su preocupación porque los resultados del estudio del Coneval sólo confirman lo que han manifestado en diferentes momentos sobre la crisis en que se encuentra el Sistema Nacional de Salud, debido a las malas decisiones e incapacidad de la actual administración.

Puntualizaron que se demuestra la pérdida del acceso a la salud de millones de mexicanos, el desabasto de medicamentos, sobre todo oncológicos, y el incremento del gasto – bolsillo para pagar citas en consultorios privados y surtir medicamentos.

Finalmente, indicaron que esto deja al descubierto que el gobierno actual no está garantizando el ejercicio efectivo del derecho a la salud, a partir de los cambios a la Ley General de Salud, particularmente en la población sin seguridad social.

Externaron que este panorama exige un análisis serio con los diferentes actores que intervienen, a fin de construir las alternativas de solución que se requieren con carácter urgente.