Con está iniciativa se busca consolidar una eficiente impartición de justicia al momento de determinar sanciones contra infractores de la ley

Este jueves ante el pleno del Congreso del Estado, en sesión ordinaria, la diputada, Xel Arianna Hernández García, presentó la iniciativa a través de la cual se preve modificar el artículo 21 del Código Penal y eficientar la impartición de justicia entre infractores de la ley.

La diputada por el distrito 11 de la capital poblana, refirió que esta reforma tiene el objetivo de proponer mejoras en el proceso de impartición de justicia, diferenciando responsabilidades en un delito y adecuando las leyes a las disposiciones federales.

Xel Hernández subrayó que con está reforma se tiene el firme propósito de lograr juicios más justos y eficaces hacia cualquier ciudadano infractor.

«Injusticia, la palabra injusticia no debe escucharse en un poder legislativo, y menos cuando es nuestra responsabilidad pugnar por la defensa de los derechos de las personas», destacó.

En este contexto informó que en 1943, las sanciones determinadas contra los participantes en un acto delictivo, contemplaban conceptos generalizadores, juzgando con el mismo rasero al autor intelectual que a, por ejemplo, un cómplice.

Si bien es cierto que la participación de cualquier ciudadano en un hecho delictivo merece sanción, es fundamental destacar y delimitar el mismo nivel en el cual se involucra cada persona, logrando que, al diferenciar los grados de participación, se dé celeridad a los procesos y sancionar por niveles a cada persona, dependiendo su nivel en el cual estuvo involucrado, asimismo el imputado conozca desde el principio del juicio la responsabilidad que se le atribuye.

Cabe aclarar que desde 1986 se realizó un importante esfuerzo en la materia, para determinar una reforma al código penal.

A la fecha esta reforma se mantiene ambigua, es decir aún no se realizan las modificaciones para reconocer las figuras utilizadas por la doctrina jurídico penal mayoritaria, que distingue autores de partícipes, cayendo en una omisión del Art. 16 y 19 Constitucional.

Y este problema de conceptualización afecta todos los grados de operadores jurídicos, defensores, impartidores y por supuesto a los ciudadanos, porque ambos carecen de la seguridad y certeza jurídica que la ley debe brindarles en la aplicación y entendimiento de la norma.

Por ello, la también presidenta de la comisión de Educación del poder legislativo, destacó que con esta reforma se prevé agilizar la impartición de justicia, evitar la saturación de penales, sancionar con rigor a los autores de los delitos y lograr que en Puebla las leyes se cumplan a cabalidad y no a gusto de terceros.