La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados analiza la iniciativa que propone otorgar a las y los trabajadores domésticos el derecho al reparto de utilidades, horas extra y Seguro Social.

La propuesta de la morenista de Lorena Villavicencio Ayala, modifica el artículo 333 de la Ley Federal del Trabajo para establecer que la jornada laboral máxima no podrá exceder lo establecido en el artículo 61 de esta norma, siempre de común acuerdo por escrito con el patrón.

Cualquier tiempo laboral excedente recibirá el tratamiento de horas extras, de conformidad con lo estipulado en los artículos 58 a 68 del mismo marco legal.

Propone cambios al artículo 338, para asentar que el patrón esté obligado a inscribir al trabajador o trabajadora doméstica al régimen obligatorio del Seguro Social y al pago de cuotas obrero-patronales, en los términos de la ley en la materia.

Además, deroga la fracción VI del 127, la cual señala que las y los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de utilidades, y el artículo 146 que a la letra dice que los patrones no estarán obligados a aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores a su servicio, como o indica el artículo 136 de la ley.

Deroga la fracción II del artículo 13 de la Ley del Seguro Social que establece que los trabajadores domésticos, voluntariamente, podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio.

La iniciativa precisa que en México, aproximadamente 2.3 millones de personas, se dedica al trabajo en el hogar; además, más del 96 por ciento no cuentan con un contrato escrito que especifique sus actividades.

Actualmente, 61 mil 283 trabajadoras y trabajadores del hogar tienen un empleo formal. Es decir, sólo 2.6 de cada 100 personas cuentan con derecho al sistema de salud pública y al Sistema de Ahorro para el Retiro.

Sostiene que son difíciles las condiciones de empleo que enfrentan las y los trabajadores del rubro. “Nuestras leyes permiten que trabajen jornadas hasta de 12 horas sin derechos laborales, seguridad social, contrato, garantías de pensión y posibilidad de ahorro, entre otras.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enedis) 2017, el 87.7 por ciento de las trabajadoras del hogar carecieron de prestaciones laborales en su último empleo, puntualiza el documento.