La reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada en la Cámara de Diputados deja con incertidumbre a los inversionistas del sector energético y está lejos de combatir el comercio ilegal de gasolinas y diésel, coincidieron participantes y analistas consultados.

La tarde del miércoles fue avalada en lo general con 292 a favor, 153 en contra y 11 abstenciones y la madrugada de este jueves en lo particular con 271 a favor, 134 en contra y 8 abstenciones, luego de que se presentaran y rechazaran 105 reservas o propuestas de modificación.

El dictamen fue avalado solo por la mayoría parlamentaria de Morena, PT y el PES, con el argumento de que la propuesta servirá fundamentalmente para combatir la corrupción, el saqueo y el abuso de empresas privadas.

En tanto, la oposición del PAN, PRI, MC y PRD insistieron en sus acusaciones de que las reformas solo buscan crear un monopolio en Pemex, que abren las puertas a la discrecionalidad, al abuso, al autoritarismo del gobierno y que se repetirán los amparos y controversias ante la Corte por ser contrarias a la Constitución, atentan contra la competencia económica y porque van a generar alzas de precios en los combustibles.

La unión más grande de gasolineros en el país, Onexpo, informó que ya estudian su defensa legal.

“Se analiza y valora entre otros, el aspecto relativo al alcance y los efectos de estas modificaciones y las medidas que cada unidad económica y la integridad del sector permiten”, declaró.

Otros participantes de ese sector adelantaron que se defenderán del artículo que busca condicionar la entrega y continuidad de permisos al tamaño de la infraestructura para almacenar hidrocarburos. A su vez, buscarán que la autoridad quede obligada a detallar las razones por las que niega un permiso, pues consideraron que en la reforma impera la discrecionalidad.

El dictamen aprobado será remitido al Senado los siguientes días. Si la votación es favorable, la reforma a la Ley de Hidrocarburos podría publicarse la próxima semana en el Diario Oficial de la Federación, estimaron fuentes cercanas al proceso.

Sin embargo, la iniciativa presidencial no va a resolver el comercio ilegal de ‘huachicol’, ni el tema del contrabando, ni las diferencias volumétricas cuando el combustible sale y entra para venderse, señaló Rocío Robles, experta en regulación energética.

“Lo único que va a dar es más incertidumbre y riesgo para los permisionarios. Unas 12 mil 800 gasolineras son de familias mexicanas. Hay muy poca inversión extranjera en instalaciones, están actuando en contra de las propias familias mexicanas”, destacó.

En este sentido, señaló que la reforma cae en el ámbito de lo “ocioso e inoperante” porque ya existen las facultades que otorga a la autoridad para combatir el huachicol.

“La posibilidad de suspender un permiso o revocarlo también ya existían. Los criterios de seguridad energética y de garantía de suministro no están descritos en la modificación, pero sí dejan abierta la posibilidad a la subjetividad del criterio de la Sener cuando se considera que está en riesgo la seguridad energética o el suministro”, advirtió la experta en entrevista.

Foto: Cámara de Diputados