Los legisladores priistas señalan en la fundamentación de este recurso legal que existió un fraude al proceso legislativo, ya que el dictamen no fue debidamente distribuido y se aprobó bajo una supuesta urgencia, lo que impidió que las distintas fuerzas políticas conocieran de la iniciativa planteada.

Las y los firmantes consideraron que la reforma es regresiva en materia de Derechos Humanos de las mujeres ya que limita los derechos conquistados a través de una larga lucha de este sector que ha tomado varias décadas.

Además, señalan que en el Senado las comisiones no estaban facultadas para sesionar de manera separada, pues no se trataba de la sesión de una sola de las comisiones, sino de reunión de “comisiones unidas”.

“Tampoco se agregaron las observaciones que la Comisión de Justicia debía realizar, ni siquiera se le dio un plazo para poder emitirla y, por ende, se le excluyó de la deliberación del propio dictamen”, subraya el documento.

Acusan que no hubo una consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y personas con discapacidad, además de que se violaron los derechos humanos de expresión, transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas al no actuar como un parlamento abierto.

Establecen que, con la aprobación por parte del partido mayoritario de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral se viola la autonomía del INE y se desconoce los principios de especialidad y trabajo técnico calificado del personal del órgano electoral.

Entre otros señalamientos advierten que la creación de un sistema nacional electoral viola lo dispuesto en la Constitución, pues no está previsto en la norma fundamental; se vulnera la autonomía de los OPLES y es inconstitucional que se cambié la fecha de inicio del proceso electoral.

Con el Plan B, destacan, se afecta el derecho al voto, así como la celebración de elecciones auténticas, se viola el derecho a la protección a datos personales de particulares al contemplar el intercambio y flujo de información de cualquier documento e información necesaria por parte del INE.

Los integrantes de la bancada tricolor manifiestan que se impugna la modificación de acotar el concepto de propaganda gubernamental, excluyendo actos de las autoridades gubernamentales que si son abarcados en el marco constitucional.

Por ello, enfatizan que es procedente conceder la suspensión por existir posibles transgresiones irreversibles de los derechos humanos.