El combate a este problema requiere de coordinación y de una cultura de la legalidad de la sociedad, señaló

Al encabezar la presentación de la Política Estatal Anticorrupción, el gobernador Miguel Barbosa Huerta sostuvo que el combate a la corrupción debe ser un acto intransigente de la autoridad, y señaló que las y los servidores públicos están llamados a vivir en la austeridad y en la honrada medianía.

Ante el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, el mandatario estatal señaló que su gobierno combate la corrupción con fortalecimiento institucional, aplicación de la ley y voluntad.

En ese sentido, criticó que actualmente existan personajes que cometieron actos de corrupción, que se denominan perseguidos políticos porque las autoridades actúan legalmente en su contra.

Barbosa Huerta resaltó que el combate a este problema que se vive en el país, requiere de una coordinación eficiente entre las instituciones, pero también de una cultura de la legalidad de parte de la sociedad.

“Debe de haber una férrea voluntad en la lucha contra la corrupción, ningún servidor público debe de beneficiarse de los actos de su obligación de servir”, sentenció.

Por su parte, Claudette Hanan Zehenny, secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, señaló que en Puebla no hay ni habrá concesiones a la corrupción, luego de informar que en la construcción de la Política Estatal Anticorrupción participaron ciudadanos, sociedad civil organizada, la academia, empresarios y dependencias estatales y municipales.

Dijo que la estrategia incluyó conversatorios, la aplicación de 14 mil encuestas en las 32 regiones del estado y un diagnóstico elaborado a partir de diversos estudios institucionales.

Puntualizó que la política se compone de cinco ejes estratégicos, cinco generales, 12 específicos y 50 prioridades de política pública. Señaló que de esta manera serán fortalecidos los recursos de los entes públicos responsables de detectar, atender, investigar y sancionar estos actos ilegales.