Con penas que irán de 1 a 4 años de prisión y multas de 50 a 250 Unidades de Medida y Actualización (UMA) serán castigados por igual espacios que funcionen como anexos y personal que presenten servicios de atención de salud mental y contra las adicciones sin estar dentro de la normativa que establece la Ley Estatal de Salud.

Dicha determinación fue aprobada durante el desarrollo de las Comisiones Unidas de Salud y Procuración Administración de Justicia, donde se expuso reformar el artículo 258 BIS del Código Penal del estado, planteamiento que fue estructurado y enviado al Congreso local por el gobernador Miguel Barbosa. 

Las multas económicas antes referidas y de acuerdo al valor del UMA 2022, irían de los 4 mil 811 pesos a los 24 mil pesos.

Con esta reforma quienes presentan los servicios de atención mental y adicciones estarán obligados a contar con el permiso de funcionamiento y el registro como instituciones especializadas ante la Comisión Nacional Contra las Adicciones. 

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