Repensar la vida en alquiler puede llevar a replantear las formas de hacer arquitectura, de habitar las ciudades y de construir un patrimonio que provea de estabilidad familiar

Una persona puede tardar toda la vida en llegar a casa. Ya sea por las interminables cuotas hipotecarias o por la imposibilidad de salir del círculo de la renta, el techo bajo el que se duerme no pertenece a sus habitantes, sino a quienes reciben los comprobantes de pago a principio de mes. De ahí la importancia de legislar en torno a una realidad invisibilizada por la cotidianidad misma.

Como explicó la urbanista Rosalba González Loyde al alumnado de la Maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial de la IBERO Puebla, diferentes organismos públicos y de la sociedad civil han buscado promover una reforma al Código Civil que regule los precios de alquiler. En el contexto de la pandemia, dicha demanda se agudizó ante el desempleo y la precarización de los trabajos.

La tendencia legislativa ha virado hacia la generación de políticas públicas que permitan el regreso a la ciudad central como resultado de la insostenibilidad del proceso de urbanización. Con el amplio crecimiento hacia las periferias (muchas veces de manera informal), el paradigma se redireccionó en la última década para optar por un regreso al “centro” de los municipios.

El objetivo es crear ciudades compactas y bien localizadas para hacer frente a la crisis climática y al desaprovechamiento de espacios urbanos. Si bien las nuevas políticas públicas buscaban garantizar el acceso público a mejores servicios y a viviendas asequibles, la praxis refleja lo contrario: la rentabilización de las condiciones de mejoramiento del centro a través de los agentes inmobiliarios.

Las personas hacen techo de sus carteras. En 2019, el costo promedio por rentar un departamento en el Centro Histórico de la Ciudad de México era de 10,499 pesos mensuales. En Puebla, la renta promedio en la zona céntrica se encuentra alrededor de los 9,800 pesos.

El problema se agudiza cuando el arrendamiento se convierte en la única opción. Las nuevas generaciones son menos susceptibles a acceder a la vivienda en propiedad debido al aumento del costo del metro cuadrado, en contraste con el estancamiento de los salarios. Además, los ingresos de los jóvenes tienden a no ser fijos, por lo que les es difícil acceder a sistemas de crédito hipotecario.

Las zonas consolidadas de las ciudades tienden a tener mayor porcentaje de viviendas en arrendamiento. A nivel nacional, el 17% de los hogares son rentados; en Ciudad de México asciende al 25%, aunque en alcaldías como Cuauhtémoc (donde se ubica el Centro Histórico) se registra que el 40% de las personas pagan alquiler.

La centralidad urbana se caracteriza por la accesibilidad en términos de movilidad y la heterogeneidad de las actividades y de las características de las viviendas, donde es posible apreciar la conflictividad urbana. En palabras de González Loyde: “hay una lucha por ver quién puede hacer un mejor uso de la ciudad”, pues coexisten en conflicto los usos residenciales con los no residenciales, así como los usos y costumbres habitacionales diversos.

¿Quién cobra la renta?

La figura del arrendador es diversa. Va desde el propietario de un inmueble cuyo trato se da de manera informal, pasando a los intermediarios que inhiben a posibles inquilinos mediante entrevistas intimidantes, hasta el subarrendador presente en los compañeros de piso (roomies). Pensar en nuevas políticas públicas debe contemplar todas las formas posibles de ser casero e inquilino.

Un modelo novedoso es la renta turística de espacios. Plataformas como Airbnb han promovido la renta ágil de habitaciones por tiempos reducidos. En su investigación al respecto (2019), Rosalba González encontró que el 1% de los anfitriones concentraban una de cada diez espacios disponibles. Esto implica un acaparamiento del mercado cuya plusvalía recae en infraestructura pública.

Estos multipropietarios de la Ciudad de México se encuentran principalmente en las alcaldías centrales: Cuauhtémoc (57.2%), Miguel Hidalgo (27.8%) y Benito Juárez (8.2%). Además, el 30% de los anfitriones inscritos en Airbnb con propiedades en la Ciudad de México no habitan en la capital. “¿Cómo regulas dinero que provoca turismo pero que se va a otros lugares? Están usando la mejora pública sin regulación”, insistió la experta.

Los activistas en materia de hábitat y alquiler alertan sobre la importancia de tener en cuenta la visión e impacto de las políticas públicas y la gestión local del suelo para construir nuevas alternativas inmobiliarias más justas para los habitantes reales y potenciales. Se trata, reflexionó González Loyde, de desmitificar el alquiler como un grillete y hacer de la vivienda rentada un hogar sostenible.