En cuestión de políticas públicas, los gobiernos locales y estatal han adoptado una postura a favor de las berries como un símbolo de desarrollo y captación de inversión extranjera.

El Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, SJ (IIMA) de la Ibero Puebla comenzó un ciclo de conferencias con integrantes de su consejo consultivo. La primera charla exploró las implicaciones sociales y ecológicas de expandir las cosechas más allá de los procesos de resiliencia ambiental.

La tendencia económica mundial se basa en la transformación, lo que impacta de manera directa a las personas, los ecosistemas y los recursos naturales. La neoliberalización de la naturaleza forma parte de este proceso: los recursos son clasificados como bienes comercializables y, en el caso de los alimentos, se controlan las condiciones para garantizar su producción en masa.

De acuerdo con el estudio expuesto por Patricia Ávila García, la región Pátzcuaro-Morelia ha sufrido diferentes alteraciones con el fin de crear una industria fresera de exportación internacional. “En estos nuevos lugares de oportunidad del capital se buscan nuevos territorios en los que la mano de obra es más flexible”. La tradición fresera de Zamora y sus zonas aledañas se expandió para cumplir con las altas demandas extranjeras.

A través de la innovación tecnológica es posible romper las barreras climáticas para que las temporadas de abundancia sean permanentes. Explicó la académica del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM: “Todo el ecosistema está alterado porque controlan todas las variables”. Las industrias también han aprovechado los beneficios de infraestructura para establecer sus sedes en lugares con recursos naturales abundantes.

El sector privado recibe múltiples beneficios gubernamentales: financiamientos, estímulos fiscales, habilitación de caminos y expropiación de terrenos. Ávila García destacó el despojo del acceso al agua como uno de los principales agravantes en la zona, el cual se da tanto en el acaparo de mantos acuíferos como en el control químico de los ciclos pluviales.

Actualmente, la superficie total de la región michoacana asciende a 670 hectáreas y preserva una tendencia a la expansión. Se requieren 40,000 metros cúbicos de agua por hectárea para el riego diario. En total, la actividad agrícola de la zona requiere de 27 millones de metros cúbicos para producir fresas.

La investigadora denunció los mecanismos de cooptación y coerción implementados por los poderes, mismos que van desde el soborno hasta diversas expresiones de violencia personal o contra grupos. “Se ha dado un desplazamiento del maíz por la producción de fresa a nivel de tierras de cultivo y de agua en detrimento de los cultivos tradicionales”.

Como consecuencia, la zona ve alterada su soberanía alimentaria frente a la agroexportación de fresas al extranjero. A su vez, el paquete tecnológico ha derivado en diferentes procesos de contaminación ligados con el uso de fertilizantes y plásticos agrícolas.

Las movilizaciones civiles han denunciado la sobreexplotación de los pozos profundos y el uso de cañones antigranizo; el último fue prohibido en 2021 de acuerdo a la Ley para la Protección del Ambiente Natural. Las acciones colectivas, no obstante, no han sido suficientes para mitigar los impactos de las industria fresera.

Patricia Ávila reprobó que el modelo agroexportador no sea cuestionado por las diferentes administraciones estatales sin importar el partido político. Al mismo tiempo, recordó que el mercado de fresas y aguacate está intervenido por el crimen organizado. “Veo un futuro poco alentador: campesinos sin tierra, agua ni maíz. ¿Qué clase de país vamos a tener?”. Y complementó: “Podemos pensar que un Estado sensible podría implementar más regulaciones”.