Aún cuando el sistema de fiscalización en México es el más sólido de América Latina, representa un problema sistémico el dinero por abajo de la mesa para las campañas electorales, coincidieron la investigadora Ximena Mata Vázquez, Luis Carlos Ugalde, expresidente del INE y Marco Antonio Baños, consejero del INE.

Así lo señalaron durante la presentación del reporte «Dinero bajo la mesa», coordinado por María Amparo Casar, presidenta de México Unidos Contra la Delincuencia y Luis Carlos Ugalde, exconsejero del INE, con la investigación de Ximena Mata Zenteno y Leonardo Núñez González.

“Es un problema sistémico, ocurre en todos los partidos, en todos los gobiernos y en todas las regiones del país”, insistió Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores.

Expuso que en promedio, los candidatos a gobernador gastan 10 veces más que el tope legal de gastos de campaña. El límite promedio es de 47.78 millones de pesos, mientras que el gasto promedio estimado es de 496.89 millones de pesos.

Indicó que por cada peso que reportan al INE, hay 25 pesos por abajo de la mesa y que no son reportados, al señalar que el problema de corrupción en el país es muy elevado.

“En México se han detonado en los últimos 15 años los gastos, las campañas se han encarecido y ha generado una serie de endeudamientos de los servidores públicos o de los donadores durante las campañas”, estableció.

Por su parte, la investigadora Ximena Mata Zenteno expresó que hoy, el fondeo que el INE da a los partidos es insuficiente para blindarlos de aportaciones privadas incluso del crimen organizado.

Refirió que de acuerdo a la investigación que hizo para este libro, existen fuentes de financiamiento para las campañas, una es a través del dinero público que, por lo general los gobernadores desvía a las campañas.

Otro mecanismo es el dinero que hacen los empresarios a través de la triangulación o fingiendo empresas que no existen, y por último, pero poco comprobable es el ingreso de dinero por parte del crimen organizado.

Ese dinero se gasta en el clientelismo electoral, comprar votos el día de la elección, pago a la gente que moviliza a los electores previo a las campañas, así que si una campaña cuenta 500 millones de pesos, al menos 300 mil se destinan a la movilización del voto.

Fotos: Es Imagen / Jafet Moz

En ese sentido, los autores recomendaron un enfoque preventivo, evitar la monetización de recursos públicos o de empresas, obligar a que los gobiernos bancaricen sus acciones, cerrar la llave del dinero efectivo, evitar el uso de empresas fantasma o de fachadas, reducir la asignación de contratos de adjudicación manera directa.

Así como mantener vigilancia de las finanzas públicas, voto obligatorio para evitar el clientelismo. Para el consejero electoral Marco Antonio Baños, el libro aborda un punto relevante, los topes de campaña, y de los cuales se tiene que hacer una revisión.

En la elección pasada el tope fue de 429 millones de pesos, pero por ejemplo en el estado de Coahuila fue de 19.2 millones, en Nayarit de 20.4 millones, mientras que en el Estado de México fue de 285 millones de pesos.

También se pronunció por una revisión y reforma a la ley electoral para la reducción de participaciones a los partidos políticos, pero esa es una tarea que le corresponde a la Cámara de Diputados.

“Además, los partidos tienen 50 por ciento comprometido de sus participaciones al pago de multas pasadas”, indicó.