“El Estado de Derecho debe ser fortalecido”, afirmó el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, al inaugurar a distancia el seminario “Diez años de la Reforma en Derechos Humanos”, organizado por esta casa de estudios.

Muchas de las soluciones que se pueden plantear en el país, agregó, pasan por fortalecer el Estado de Derecho, que demanda: la aplicación equitativa, justa y eficiente de los marcos jurídicos vigentes, de mecanismos expeditos para atender y reparar daños o alteraciones a las garantías individuales y al orden constitucional, entre otros.

Ante el Abogado General de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda; la coordinadora de Humanidades, Guadalupe Valencia García; el director de la Facultad de Derecho (FD), Raúl Contreras Bustamante; el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Pedro Salazar Ugarte; el coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH), Luis Raúl González Pérez; así como de expertos nacionales e internacionales en el tema, Graue Wiechers reconoció:

Hay algunos avances en la materia, pero se requiere trabajar a profundidad para mejorar los mecanismos que protegen los derechos sexuales y reproductivos, la libertad de expresión, las condiciones migratorias, el acceso a la salud, a la educación y a una vivienda digna, entre otros de los pendientes que como sociedad enfrentamos.

“El panorama es complejo y, por momentos, desolador. Sin embargo, nombrar la realidad y ahondar en posibles soluciones es una labor esencial de nuestra casa de estudios”, subrayó ante el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado; la jefa de Misión en México de la Organización Internacional para las Migraciones, Dana Graber Ladek; el representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Giovani Lepri; y el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joel Hernández García, entre otras personalidades.

Graue Wiechers citó el World Justice Project -que elabora y reúne a nivel global, experiencias y perspectivas de la población y de especialistas sobre el Estado de Derecho- y el cual indica que “en México existe un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto”.

“De ahí la importancia de recordarnos, —a una década de esa reforma— qué es lo que nos falta por hacer, en qué se debe hacer hincapié, y cómo apropiarnos y demandar el cumplimiento constitucional de los derechos, que simplemente por existir, debemos exigir y cuidar”, aseveró el rector en la ceremonia en la que también estuvieron profesores eméritos de la UNAM como Sergio García Ramírez.

Asimismo, expuso que en las últimas décadas los índices e indicadores de homicidios, feminicidios, desapariciones forzadas y violencia de género han persistido sin cambios significativos y en algunos casos, se han incrementado notablemente. El foro, dijo, refrenda el compromiso de la Universidad Nacional con la seriedad académica y con el perenne ánimo de servir a la nación.

Hace 10 años, recordó, la reforma constitucional incorporó en 11 artículos los derechos humanos esenciales que deben estar bajo la tutela del Estado mexicano para su fiel cumplimiento. Esta máxima normatividad se alineó con los tratados internacionales firmados por nuestra nación y los intereses de las y los mexicanos para optimizar la vigilancia y protección de los derechos a existir y convivir en igualdad, y con la dignidad a la que tiene derecho todo ser humano.

En su oportunidad, la coordinadora de Humanidades, Guadalupe Valencia García, celebró el evento en el que se analizarán y ponderarán los marcos de interpretación de las reformas en derechos humanos que cumplen este día una década de existencia.

“Nuestra UNAM ha sido un espacio de estudio, reflexión, debate y diseño de propuestas que en la esfera del derecho atienden a la jurisprudencia como teoría y como práctica, que no puede separarse de la sociedad, que debe servir a ésta, y por ello tiene que buscar que el derecho sea ‘el derecho de los derechos humanos’, que los impulse, preserve y considere en todo su accionar”, recalcó.

En el evento organizado por la FD, el IIJ, el PUDH y la Coordinación de Humanidades se analizarán las modificaciones constitucionales en materia de amparo, los derechos humanos de fuente internacional, la educación en materia de derechos humanos, el sistema penitenciario, los derechos de las mujeres, el papel del Ejecutivo federal frente a la protección y promoción de derechos humanos, y el fortalecimiento de las comisiones de derechos humanos.

“El derecho debe estar al servicio de los cambios positivos de la sociedad y de los derechos humanos, tanto de las personas como de las colectividades”, insistió Valencia García.

Vigencia plena de los DH, el reto

Al hacer uso de la palabra, Raúl Contreras Bustamante, director de la FD, resaltó que a lo largo de 10 años el catálogo de derechos humanos adquirió otra dimensión, gracias a la convencionalidad que hoy se encuentra integrada en nuestro orden jurídico porque a partir de esta trascendente enmienda constitucional las normas relativas a los derechos humanos se deben interpretar de conformidad con nuestra Carta Magna y con los tratados internacionales en la materia, debiendo favorecer a las personas con la protección que resulte más amplia.

Aunque se transformó de manera radical la manera de impartir justicia, es necesario reconocer que a pesar de esta reforma México es un país con marcados contrastes y problemas endémicos.

Contreras Bustamante consideró que la pobreza, desigualdad social, violencia, corrupción, abuso de poder e impunidad son factores determinantes para la conquista eficaz de los derechos humanos de la población; no obstante, reconoció avances como la creación de instituciones y medios de defensa para su protección.

Uno de los más grandes retos de la democracia mexicana es el perfeccionamiento de las mejores vías para lograr la vigencia plena de los derechos humanos. En las instituciones públicas se requiere que exista una real convicción de la importancia de su respeto, concluyó.

En tanto, el director del IIJ, Pedro Salazar Ugarte, señaló que esta modificación constitucional tiene impacto importante en los ámbitos de la vida nacional. Uno de ellos tiene que ver con la educación e investigación jurídicas, y también con el ejercicio de la profesión ya que transformó las mecánicas y dinámicas del trabajo de los juristas quienes se encargan de llevar los casos a tribunales, por ejemplo.

Si miramos la lógica de las sentencias que se han adoptado en esta década, en comparación con las precedentes, se aprecia que fue fundamental y supuso una apertura más decidida al derecho internacional en este ámbito. “La reforma vino a marcar un antes y un después en la forma en que nos aproximamos al instrumental jurídico y, sobre todo, a la prioridad que debemos dar a las personas y sus derechos”.

Para el titular del IIJ, esta debe ser una reforma con impacto en la vida de las personas. El gran desafío es seguir garantizando que esas normas se transformen en mejora en las condiciones de vida cotidiana de millones de mexicanos.

Luis Raúl González Pérez, coordinador del PUDH, explicó que la reforma de hace una década al texto constitucional ubicó a los derechos inalienables y sus mecanismos de garantía como parte de los cimientos de nuestro sistema jurídico y funcionamiento institucional, además de establecerlos como pauta básica de conducta de los servidores públicos.

A 10 años, añadió, México no ha logrado desarrollar la sólida cultura de la legalidad y de derechos fundamentales. La discriminación, pobreza, dificultades para el acceso a la justicia, entorno de violencia, inseguridad e impunidad en diversas regiones del país hacen ver que es imposible que estas garantías sean vigentes. “Son cuestiones que continúan mermando nuestras posibilidades de desarrollo, debilitan nuestras instituciones y vulneran directamente a las personas y la sociedad”.

Sin paz, no pueden ser vigentes; sin respeto a la Constitución están en riesgo; sin legalidad, no pueden defenderse; su respeto es incompatible con la impunidad. Mientras el beneficio de las personas -con independencia de filiaciones políticas o ideológicas- no sea la prioridad de autoridades y gobiernos, y no se valoren por igual, difícilmente podremos decir que México es un país donde se ejercen a plenitud. Es mucho lo que nos falta por recorrer, pero sin la UNAM y sus especialistas no sería posible entender los avances que la nación tiene en este ámbito, recalcó.