La diputada Frinné Azuara Yarzábal (PRI), secretaria de la Comisión de Salud, impulsa una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, para establecer la obligación del Estado a poner en práctica las medidas necesarias que garanticen condiciones de seguridad a los profesionales de la salud que desarrollen su actividad en tiempos de epidemias o pandemias.

En un comunicado, señaló que la pandemia de Covid-19 dejó al descubierto la posición tan precaria en que trabajan médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, laboratoristas, camilleros, paramédicos, choferes de ambulancia, personal de intendencia y mantenimiento.

“Proteger sus derechos garantiza una respuesta más enérgica contra la pandemia que, dicho sea de paso, no ha terminado y debemos prepararnos para segundas oleadas. Hay que cuidar al personal sanitario porque representa una valiosa fuente de información y experiencia profesional”, señaló la legisladora.

“Estos profesionales han arriesgado su salud y bienestar, en circunstancias difíciles porque no se les proporcionó ayuda suficiente, ni de calidad; padecen la escasez de equipos de protección individual, muchos de ellos, han tenido que improvisar y reconvertir materiales para cuidarse de posibles contagios del virus”, abundó.

La legisladora priista explicó que su iniciativa, que plantea reformar el artículo 7 de la Ley General de Salud, “permitirá atender los derechos laborales de la totalidad del personal sanitario, independientemente de la naturaleza de su contrato, gozarían de estabilidad en el trabajo y no se preocuparían por la discriminación estructural que hoy persiste”.

“Por exponer algunos problemas de seguridad, muchos han sufrido represalias de las autoridades y de sus entidades empleadoras, incluidos despidos y detenciones, eso no tendría que suceder más”, enfatizó.

Otro beneficio de la reforma, dijo, consiste en proteger a las personas que realizan labores esenciales, las más expuestas a contagios o enfermedades, o bien, las que sufren un accidente laboral podrán recibir una indemnización adecuada, que incluya gastos del tratamiento, no perderían ingresos y dispondrían de los servicios de rehabilitación.

Según cifras de la Secretaría de Salud, hasta el pasado 28 de junio, cerca de 46 mil trabajadores de la salud se han contagiado de Covid-19, 41% forman parte del personal de enfermería; 29% médicos; 27% otros trabajadores de la salud; 2% laboratoristas y 1% dentistas.

La diputada Azuara Yarzábal estimó urgente aprobar la reforma planteada para atender otros problemas que hoy no se toman, como es el aumento del volumen de trabajo y con ellos un incremento de ansiedad y estrés que pueden tener consecuencias negativas para la salud mental del personal sanitario.

Asimismo, consideró necesario reparar todo agravio sufrido por las y los trabajadores sanitarios, al ser objeto de violencia cuando iban a trabajar, en su lugar de trabajo, en su casa, a manos de su comunidad o barrio.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) informó que, entre el 19 de marzo y el 8 de mayo, había recibido 265 quejas sobre discriminación a personal sanitario debido a la pandemia de Covid-19. (Notilegis)