La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, compartió la estrategia del Gobierno de México en materia migratoria y los avances alcanzados en la reunión bilateral México-Estados Unidos y el II Comité Trilateral de Fentanilo de América del Norte.

La canciller señaló que “México está muy comprometido con una estrategia de migración que sea integral, que sea ordenada, en primer lugar, que sea segura, regular y humana”. En ese sentido, detalló que, por instrucción del presidente de la República, ella coordinará las acciones del Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General de la República, Amexcid y el Instituto Nacional de Migración, para llevar a cabo una estrategia intersectorial que trate las causas estructurales de la migración.

“De lo que se trata realmente es de abordar todo el ciclo de la migración y hacerlo, primero que nada, muy atentos a la protección de derechos humanos en toda la etapa del ciclo, que eso me parece fundamental […] atender las causas ¿por qué migran las personas? ¿cómo logramos que la migración sea una opción y no una obligación?”, precisó.

La secretaria resaltó la importancia de que la gente pueda retornar de manera digna, afinar los sistemas de protección y refugio internacionales, “para ello, nos articularemos con los fondos y programas del sistema de Naciones Unidas […] sobre todo con la Organización Internacional para las Migraciones y la de Refugiados”, comunicó.

La canciller Bárcena subrayó que entre Estados Unidos y México se han generado nuevas vías de movilidad migratoria y laboral y que “desde el fin del Título 42 observamos que los encuentros irregulares en la frontera entre mayo y junio disminuyeron 50 por ciento […] los mexicanos son los que más han bajado y las otras nacionalidades menos… esto representa las cifras más bajas desde 2021”.

Destacó que “con Estados Unidos se ha negociado dos nuevas vías de ingreso regular. Una que es permisos humanitarios: 166 mil personas han logrado ingresar con permisos humanitarios, 106 mil a través del programa CBP One […] las personas que ya han logrado entrar a Estados Unidos por la vía regular son 272 mil”. Remarcó que esto era un gran logro del Entendimiento Bicentenario entre México y Estados Unidos.

La secretaria compartió que se está trabajando en cómo lograr instalar un paso internacional en el sur de México que brinde servicios de refugio, y a la vez opciones de empleo, “conectar esta migración con los grandes proyectos que se están haciendo en el sur-sureste […] va a ser para aquellas personas de Cuba, Nicaragua, Haití, Venezuela, que se quedaron en el país después de la conclusión del Título 42 […] vamos a seguir explorando otras vías ordenadas y seguras para poder avanzar en las personas que no son elegibles actualmente, para evitar el tránsito doloroso de los migrantes hacia el norte”, según lo instruyó el presidente López Obrador.

Informó además que el Gobierno de Estados Unidos aportará 40 millones de dólares para apoyar los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador, Honduras, particularmente en Belice, Guatemala, Cuba y Ecuador. “Es la primera vez que Estados Unidos realmente va a aportar un fondo con las características que a nosotros nos interesa, que es llegar a las comunidades, directamente a los beneficiarios y eso no lo habíamos logrado”, precisó.

Por otra parte, la titular de Relaciones Exteriores también abordó el tema de la instalación de boyas en el río Bravo por parte del Gobierno de Texas. Señaló que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) de la SRE realizó un recorrido territorial en el cual detectó que se están construyendo terraplenes que provocan obstrucción y desviación del flujo del río, además hay contendores metálicos de carga dentro de la zona de inundación y una malla con púas para evitar el paso, aparte de las boyas plásticas flotantes.

Se trata de un área de 305 metros, de los cuales 230 corresponden al territorio de México. En ese sentido, externó que se han enviado dos notas diplomáticas argumentando que se está violando el tratado de 1994 y el de 1970. Destacó que “el presidente Joe Biden, a instancias del presidente López Obrador, está haciendo una denuncia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra el estado de Texas […] hay una decisión del Gobierno federal de apoyar a México en relación con esta acción, que es una acción bastante unilateral de un estado de Estados Unidos”.

La secretaria se refirió también al tema de tráfico de armas. “México ha hecho un esfuerzo enorme en el decomiso de armas […] se han decomisado 70,571 armas por parte de los tres niveles de gobierno”. Indicó que en esta reunión binacional se logró el reconocimiento de este problema gravísimo por parte de Estados Unidos, que es el principal productor de armas en el mundo. Es muy importante contar con el apoyo del país vecino para detener este flujo, ya que eso es lo que fortalece a los cárteles con un poder de fuego.

“Por primera vez en la historia de nuestra relación binacional, Estados Unidos nos compartió información de lo que están haciendo ellos […] ya lograron incautar 2,955 armas, por supuesto, no se compara con las 70 mil nuestras, pero de alguna manera ya estamos viendo que hay una operación específica, Southbound, que es la principal iniciativa que han puesto en marcha y que ya está logrando avances… lo más importante es que tenemos un mecanismo para intercambiar información y ver cómo logramos avanzar en este grave problema”.

Informó que Sedena está haciendo un seguimiento de los estados del país donde se encuentran estas armas, a fin de determinar las acciones a seguir para su decomiso.

Finalmente, la canciller Bárcena dio a conocer que el Gobierno de México planteó cuatro propuestas al Gobierno de Estados Unidos:

“Primero, incrementar el decomiso de armas, porque, de acuerdo con las cifras de Sedena, al país están entrando cada año 200 mil armas, entonces necesitamos que Estados Unidos nos ayude para decomisarlas en la frontera”.

Segundo, aumentar la supervisión de quienes otorgan las licencias de armas y las ferias de armas, que son aproximadamente 133 mil tiendas, “lo que queremos es que, cuando menos, vayan a revisar si tienen las licencias, si están operando legalmente”.

Tercero, revocar las licencias a las tiendas que están vendiendo armas a los cárteles. Y cuarto: aumentar las detenciones de organizaciones de tráfico de armas de fuego y no sólo enfocarse en los intermediarios. “Las propuestas fueron muy bien recibidas”, concluyó.