El reporte, dividido en cinco ejes, explora el estado actual de los derechos civiles y políticos; los megaproyectos; los efectos de la covid; los impactos en las personas más vulnerables, y las acciones en materia ambiental.

Abusos de poder, violaciones a la privacidad, instituciones autónomas en el limbo y daños ambientales irreparables. El Gobierno de México reprueba en la mayoría de los rubros contemplados en el último reporte sobre derechos humanos elaborado por la asociación civil Signos Vitales. Enrique Cárdenas Sánchez, líder del proyecto, presentó los pormenores en la Ibero Puebla.

La manera más efectiva de proteger los derechos humanos en sociedades democráticas es a partir de la construcción de instituciones sólidas, independientes y capacitadas para cumplir sus funciones. El último cuarto de siglo ha sido un periodo fecundo para el nacimiento de organismos autónomos protectores de los derechos: INAI, INE, CRE, CNDH, entre otros.

Sin embargo, el gobierno actual ha emprendido un ataque sistemático contra estos órganos. Ya sea a través del nombramiento de líderes ad hoc, el recorte de presupuestos o el cambio en las normativas, las instituciones encargadas de salvaguardar las garantías individuales se han visto vulneradas en su estructura y operatividad.

México vive una ola de inseguridad sin precedentes. INEGI reporta que 2018, 2019 y 2020 han sido los años con más homicidios dolosos en la historia del país, con un promedio de más de 36,000 casos anuales. De manera paralela, los feminicidios han experimentado un repunte preocupante: de 426 casos en 2015 se escaló hasta 977 en 2020.

Cárdenas Sánchez señaló que también ha existido un aumento en el número de delitos cometidos por autoridades, como detenciones arbitrarias y tortura: en 2020 se registraron hasta 21,883 casos. El reporte hace énfasis en la incidencia delictiva de la milicia. “Con la Guardia Nacional, este gobierno ha militarizado la seguridad pública. La letalidad de las fuerzas armadas es escandalosa”.

Si bien los enfrentamientos protagonizados por la Secretaría de la Defensa Nacional no han aumentado con respecto al final del sexenio anterior, sí ha incrementado el número de civiles muertos; por cada herido hay cinco fallecidos. El académico denunció también la opacidad por parte de SEDENA en materia de personas abatidas.

Otro lastre del derecho en México es la prisión preventiva, medida cautelar que priva a una persona de su libertad hasta que se demuestre que es inocente. En México, cuatro de cada diez personas detenidas son llevadas a prisión. En 2020, el 85% de los nuevos ingresos a la cárcel fueron por crímenes que, de acuerdo con la legislación, ameritan prisión preventiva, mismos que pueden ir desde delitos electorales hasta violencia sexual y desapariciones.

De igual manera, la privacidad y la seguridad jurídica se han visto amenazadas por iniciativas como la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, una medida que pondría los datos biométricos a disposición de instancias públicas. Esta y otras propuestas que habilitaban a las autoridades para investigar un posible delito han sido parcialmente invalidadas por la Suprema Corte. Sin embargo, advirtió Enrique Cárdenas: “Estamos indefensos ante la autoridad”.

Con respecto a los derechos humanos de corte ambiental, se documentó que el 70% de las regiones hidrológicas del país sufren estrés hídrico; 10 millones de personas en México no tienen acceso al agua, y 14 estados de la república tienen dificultades para acceder a ella. En el ranking del uso eficiente del agua, México se encuentra en el número 92 del mundo.

Cárdenas Sánchez externó su preocupación y tristeza por la forma en que se han minado los sistemas de derechos, mismos que son vistos por los servidores públicos como una amenaza. “El que tiene el poder es el que tiene la dádiva. Son los ciudadanos quienes deberían tener ese poder. Debemos vivir en una sociedad de derechos, no de favores”.

El informe concluye con un análisis de los 52 derechos comprendidos en la Constitución, cuyo cumplimiento se encuentra en niveles raquíticos en la mayoría de los casos. Llamó al foro a defender, de manera informada y colectiva, las garantías individuales para hacer frente al autoritarismo. La falta de contrapesos e instituciones públicas sanas, advirtió, puede conducir a excesos en el ejercicio del poder.