Una periodista fue asesinada el domingo en Tijuana, la segunda en una semana en esta ciudad fronteriza con California, y el tercer informador muerto en México este mes. Los dos comunicadores de Tijuana tenían protección estatal pero eso no evitó su homicidio en uno de los países del mundo más peligrosos para la prensa.

A Lourdes Maldonado López la mataron a tiros dentro de un vehículo, según confirmó la fiscalía estatal de Baja California casi a medianoche. Las autoridades recibieron una llamada al teléfono de emergencias el domingo por la noche y cuando llegaron al lugar ya encontraron muerta a Maldonado.

Según indicó la organización de protección a la prensa Artículo 19 en su cuenta oficial de Twitter, Lourdes Maldonado cubría temas de corrupción y política en la entidad y había sido víctima de agresiones previas por su labor, por lo que contaba con medidas de protección del mecanismo de Baja California que se activa cuando un periodista pide ayuda por haber sido amenazado. La ONG no detalló de qué medidas se trataba.

En 2019, Maldonado acudió a la conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y pidió ayuda y justicia laboral “porque hasta temo por mi vida”.

La reportera estuvo inmersa durante años en una disputa laboral con una empresa de medios propiedad de Jaime Bonilla, gobernador de Baja California entre 2019 y 2021 por Morena, el partido del presidente. Maldonado había ganado recientemente el litigio.

El lunes, el mandatario pidió investigar el móvil del asesinato para saber “si hay vinculación con la denuncia de tipo laboral y ver quiénes son los responsables”. “No se puede, en automático, vincular una demanda de tipo laboral a un crimen, no es responsable adelantar ningún juicio, hay que esperar”.

También afirmó que tras su petición en la conferencia de 2019 se la ayudó aunque no especificó cómo.

México es el país más violento del hemisferio occidental para el ejercicio del periodismo, según el Comité para la Protección de los Periodistas, una organización con sede en Nueva York, y los asesinatos no se circunscriben a una zona concreta sino que el año pasado se dieron en distintos puntos del país.

Maldonado había colaborado con muchos medios, pero en los últimos tiempos hacía un programa de internet, radio y televisión, “Brebaje”, centrado en noticias locales.

Tijuana es una ciudad de importante actividad del crimen organizado desde hace años y, según los datos del gobierno federal de diciembre, Baja California fue el segundo estado del país con más homicidios por cada 100.000 habitantes, después de Zacatecas (en el centro).

Seis días antes de su asesinato, en un hecho no vinculado pero que muestra la situación de inseguridad que vive la ciudad, el fotógrafo Margarito Martínez fue baleado delante de su casa. Martinez era un periodista muy reconocido en la ciudad con dos décadas de experiencia que trabajaba cubriendo crímenes y la violencia que existe en esta ciudad de gran actividad del crimen organizado.

Martínez también contaba con medidas de protección estatal, según confirmaron sus compañeros, en concreto con un teléfono especial para situaciones de emergencia.

Justo horas antes de ese homicidio, se había confirmado la muerte del comunicador mexicano José Luis Gamboa, que murió tras ser atacado con un arma blanca durante un supuesto asalto en Veracruz, en el Golfo de México.

Gamboa era director del diario digital Inforegio, falleció el 10 enero pero no identificado hasta cuatro días después.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) dijo entonces que “Gamboa había denunciado y criticado fuertemente a autoridades locales por su relación con el crimen organizado” y pidió que no se descartara su labor periodística como presunto móvil del delito.

Los periodistas y defensores de los derechos humanos no han podido escapar de la violencia de México aunque desde hace una década, además de programas estatales, hay un mecanismo federal para protegerlos donde están inscritos en torno a 500 informadores y un millar de defensores, según datos oficiales.

Según dijo López Obrador el lunes, una característica de su gobierno “es que no haya impunidad, que todos estos crímenes sean atendidos, se investiguen y se encuentre a los culpables”.

Sin embargo, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció en diciembre que la impunidad en estos y otros asesinatos supera el 90%.

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