Con las reformas a la Ley se evita que cualquier persona que haya tenido sentencia por violencia política de género, violencia familiar o ser deudor alimentario ocupe un lugar en el servicio público

Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso del Estado avaló reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado para evitar que cualquier persona que haya tenido sentencia por violencia política de género, violencia familiar o ser deudor alimentario ocupe un lugar en el servicio público de los Poderes del Estado.

El dictamen aprobado establece que: “la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público, por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, o por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa”.

Durante su intervención en Tribuna, la diputada Eliana Angélica Cervantes González señaló que con estas reformas el Poder Legislativo cumple al saldar una deuda histórica con las mujeres en la entidad.

Las diputadas Daniela Mier Bañuelos y Yolanda Gámez Mendoza externaron su apoyo al Dictamen y reconocieron el esfuerzo conjunto de todas las fuerzas políticas del Congreso para establecer mecanismo efectivos a favor de la igualdad y la justicia.

En otro punto de la sesión, la diputada Nora Merino Escamilla presentó una propuesta reformatoria al proyecto de dictamen para normar en la Constitución los derechos y prerrogativas por las que se suspende el registro como candidata o candidato o ser nombrado para cualquier empleo en el servicio público, por los motivos mencionados.

Asimismo, se avaló de manera unánime el Dictamen con Minuta de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Puebla, para garantizar que cualquier persona que tenga 25 años cumplidos pueda ocupar el cargo de secretario de despacho.

Así como establecer que para ser diputado propietario o suplente se requiere tener 18 años cumplidos el día de la elección.

Por otra parte, el Congreso del Estado también avaló el Dictamen para reformar la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, que tiene como propósito, incluir el término y principio de transparencia en los criterios que deben seguir las dependencias y entidades a cargo de las adjudicaciones de contratos.

El objetivo, señaló la diputada Azucena Rosas Tapia, es que las dependencias y entidades a cargo de las adjudicaciones del contrato respectivo se funden y motiven en criterios de transparencia, economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez.

Para este fin se reforma el párrafo primero del artículo 44 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.