La diputada Lorena Villavicencio Ayala, titular de la Subcomisión de Atención a Feminicidios y Violencia contra las Mujeres, afirmó que elevar a rango constitucional el derecho al cuidado y al tiempo propio va a cambiar y derrotar muchos paradigmas en México, para que no sólo las mujeres atiendan esta necesidad, sino los hombres, la sociedad, el Estado y el mercado.

En el conversatorio convocado por la legisladora de Morena para analizar este tema, apuntó que “la labor de los cuidados es esencial para la preservación de la especie humana por eso debe estar en la Constitución Política y tiene que ser una actividad del Estado”.

Destacó la importancia de esta iniciativa que se presentará al Pleno de la Cámara de Diputados el próximo martes, para consolidar la visión de que garantizar los derechos humanos no sólo apela a la responsabilidad del Estado, sino convoca a toda la sociedad para que tenga empatía respecto al sufrimiento de los demás.

“Ser madres y mujeres no implica que tengamos el monopolio de los cuidados de los integrantes de la familia; no sólo es nuestra responsabilidad, debe ser compartida con los hombres, la sociedad, el Estado y con el mercado”, aseguró.

La también integrante de la Comisión de Derechos Humanos sostuvo que es sumamente importante entender que los cuidados implican colocar en el centro de la política pública del país la dignidad y la existencia humana.

Villavicencio Ayala señaló que la iniciativa es de gran relevancia en el momento que vivimos, porque qué hubiera pasado si las mujeres no hubiésemos cuidado a las personas que requieren atención durante la pandemia del Covid-19, cuyo confinamiento ha hecho visible una labor que milenariamente ha recaído en los hombros de las mujeres, como si fuera su responsabilidad.

Se requiere que todas las mujeres tengan las condiciones para desarrollar sus proyectos de vida, su autonomía y contribuyan, como lo han hecho, al avance del país, en la vida pública, privada, social, económica y política, subrayó.

Al analizar las implicaciones del reconocimiento constitucional del cuidado digno y al tiempo propio como derechos humanos, Margarita Garfias, representante de Yo Cuido A.C., llamó a dignificar, valorizar y no discriminar las actividades del cuidado. Demandó “un piso parejo” para ayudar a las mujeres a que tengan tiempo propio para terminar una carrera, tengan un empleo remunerado y una pensión digna al final de su vida.

Propuso una retribución económica para las mujeres que están en la vejez y que han cuidado por 20 o 30 años a familiares y no accedieron a un ingreso y seguridad social.

Pilar Alberti, integrante de Lasi Constituyentes de la Ciudad de México Feministas y doctora en antropología de la Universidad Complutense de Madrid, España, propuso un plan civilizatorio con una visión integral de las necesidades sobre el cuidado.

Afirmó que los varones son “los vampiros del tiempo de las mujeres” ahondando tendencias patriarcales que no les dejan espacio para que realicen otras actividades. Reconocer su tiempo propio “es la base para el acceso a los demás derechos humanos”, aseguró.

​Consideró que el problema de los cuidados no es el presupuesto, sino que quienes lo tienen que aprobar mantengan una visión machista respecto a las actividades de las mujeres.

Laura Ríos, representante de la Red de Cuidados en México y licenciada en relaciones internacionales de la UNAM, señaló la necesidad de asegurar la asignación de recursos para el cuidado a través de una política integral que implique la coordinación transversal de todas las dependencias públicas en los tres órdenes de gobierno, sociedad y academia con programas operativos anuales que garanticen su implementación y sean universales. “Los recursos financieros deben respaldar este derecho y su permanencia”.

La sostenibilidad económica es el mayor desafío, pero no debe ser un impedimento, advirtió. Propuso asignar presupuesto suficiente y regular la inclusión del cuidado en el Sistema de Cuentas Nacionales para medir, y tener un panorama más claro sobre su contribución permitirá observar su importancia al Producto Interno Bruto, equivalente al 23.5 por ciento.