Para que los delitos que se cometen contra el transporte ferroviario sean considerados como amenazas a la seguridad nacional, y sus responsables estén sujetos a prisión preventiva oficiosa, la Cámara de Diputados aprobó en comisiones una reforma a la Ley de Seguridad Nacional.

Además, para combatir con mayor severidad esta problemática y sus riesgos, se avaló modificar la Ley de Vías Generales de Comunicación, en la que se elevaron las penas y sanciones por dañar las vías o trenes, interrumpir sus servicios y obstaculizar las vías.

«En esos dos sentidos esto ayudaría mucho para que el delito que se comete en las vías ferroviarias tenga sanciones más fuertes», sostuvo Edgar Romo, presidente de la Cámara de Diputados e impulsor de la iniciativa junto con Álvaro Ibarra.

«Y sobre todo tendría como particular consecuencia que los delincuentes no pudieran estar sujetos a un proceso en libertad, sino que tendrían que estar sujetos a un proceso penal con una prisión preventiva oficiosa».

El periódico Reforma publicó que el robo a trenes se disparó en los últimos tres meses de 2017. Mientras que en el primer trimestre de 2017 hubo 125 robos en todo el País, en el último trimestre se registraron 720, lo que significó un incremento de 476 por ciento.

Romo se manifestó a favor de que delitos como el robo a trenes sean considerados como amenaza a la seguridad nacional por el riesgo de vidas al intentar detener un tren o dañar las vías para descarrilarlo, así como por el traslado en ocasiones de materiales peligrosos que afectarían las comunidades cercanas.

«Esto, sin duda, es una amenaza a la seguridad, además de lo que provoca, de las pérdidas millonarias que provoca el paralizar el transporte de mercancías», sostuvo.

«Porque finalmente las cadenas productivas que dependen de esa materia prima, pues todas se retrasan y tienen pérdidas económicas que se pueden cuantificar en millones de pesos».

Sobre las sanciones, en la Ley de Vías Generales de Comunicación se prevén multas de 16 mil 120 a 80 mil 600 pesos y penas que van desde los tres meses hasta los nueve años de prisión para quienes dañen o destruyan las vías o medios de transporte, o interrumpan o deterioren sus servicios; dañen, apaguen o cambien señales de seguridad, y obstruyan las vías.

En los tres casos, la reforma contempla también aumentar las penas hasta una mitad cuando el objeto del delito sean las vías, sus partes o equipo ferroviario.

El legislador tricolor señaló que tras haber sido aprobada en la Comisión de Justicia al final del periodo ordinario, la reforma podría ser votada por el Pleno si se convocara a un extraordinario, para pasar después al Senado. (Con información de Reforma)