La jueza Ekaterini Sakelaropulu, quien ya fue la primera mujer en liderar el Tribunal Supremo Administrativo griego, fue elegida este miércoles nueva Jefa de Estado griega con un amplio respaldo del Parlamento.

La candidatura de Sakelaropulu fue propuesta por el Ejecutivo de Kyriakos Mitsotakis, del conservador partido Nueva Democracia, y apoyada por el izquierdista Syriza, y la coalición de centroizquierda Movimiento del Cambio.

«Proponerme a mí es honrar a la Justicia y a la mujer griega contemporánea», afirmó Sakelaropulu tras confirmarse su candidatura al cargo.

Precisamente Mitsotakis destacó tras conocerse la elección del Parlamento que la nueva Mandataria es una personalidad estupenda, una jueza estupenda que nos une a todos.

«Grecia entra hoy en una nueva era, el país entra en el tercer decenio del siglo XXI con una mujer presidenta. Deseo a la señora Sakelaropulu una presidencia exitosa», afirmó Mitsotakis.

Este cambio en la jefatura de Estado podría suponer un empujón hacia una mayor igualdad en el país, que hasta ahora encabeza la lista de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) en desigualdad de género, según datos de la agencia europea para la igualdad.

Grecia saca los peores resultados en desigualdad justamente en acceso al poder. En su Parlamento tan sólo un 18 por ciento de los escaños están ocupados por diputadas y entre los ejecutivos de grandes empresas hay un 9.3 por ciento de mujeres.

A pesar de todo, la realidad de la Grecia profundamente machista se impone.

Para empezar, en griego moderno no existe la palabra ‘presidenta’, tan sólo está en masculino, por lo que se tendrán que dirigir a ella de forma oficial como ‘señora presidenta’.

Además, Sakelaropulu será la primera jefa de Estado griega que no podrá acceder a una parte de su territorio.

Precisamente por su género no podrá entrar al Monthe Athos, un Estado Monástico Autónomo, que aunque se encuentra bajo jurisdicción de Grecia, se rige por sus propias leyes y no permite la entrada de mujeres ni de ningún animal de sexo femenino.

Nacida en Salónica en 1956, hija del vicepresidente del Tribunal Supremo griego Nikolaos Sakelaropulu, estudió a su vez Derecho en la Universidad de Atenas y un posgrado en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad de París II, al igual que su predecesor, Prokopis Pavlópulos, quien se doctoró allí en Derecho Público.

En 1982, Sakelaropulu entró al Tribunal Supremo Administrativo (Consejo de Estado) y en 2018, fue nombrada presidenta de dicha institución por el Gobierno liderado por Alexis Tsipras, siendo así la primera mujer en presidir el Supremo Administrativo y ahora, sólo dos años más tarde, en convertirse en jefa del Estado.

Cuando la semana pasada Tsipras confirmó que su partido votaría a favor de Sakelaropulu la calificó de muy buena juez, que siempre defendió con convicción la Justicia, los derechos humanos y la aconfesionalidad del Estado.

Con una sensibilidad especial por el medioambiente, como jueza se pronunció en contra del proyecto faraónico para desviar el río Aqueloo y a favor de la conservación de construcciones históricas, como los inmuebles de la avenida Alexandras en Atenas, construidos en los años treinta para acoger a los refugiados helenos tras la guerra greco-turca de 1919-1922, hoy en día en condiciones pésimas.

Entre 2005 y 2014, Sakelaropulu enseñó Derecho Medioambiental en la Escuela Nacional de Jueces.

Además, defendió la eliminación de la religión en el DNI en un país donde la Iglesia ortodoxa conserva un gran poder, tanto sobre la sociedad como sobre las instituciones.

Sakelaropulu se pronunció también en defensa del derecho de los niños de familias migrantes nacidos en Grecia a acceder a la ciudadanía helena y la escolarización de los niños refugiados.

Es posible que la política migratoria del Gobierno de Mitsotakis sea uno de los puntos en los que más choquen durante su mandato.

Nueva Democracia ha hecho hincapié desde que llegó al poder en julio en reducir los flujos migratorios, endurecer las condiciones de los refugiados y sacarlos de las calles llegando incluso a anunciar la sustitución paulatina de los campos de refugiados de las islas del Egeo por Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), algo que probablemente no encaje con la visión de la nueva jefa del Estado heleno.