La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, se congratuló por el decreto presidencial mediante el cual se eliminan fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que, a más tardar el 15 de abril, se reintegren a la Tesorería de la Federación todos los recursos públicos federales que formen parte de ellos.

En un comunicado, la funcionaria federal consideró que con la extinción de los fideicomisos se cierra una página de opacidad, oprobio y corrupción que prevaleció durante los gobiernos anteriores.

Asimismo, expresó su compromiso por la correcta aplicación de la medida, y anunció que los Órganos Internos de Control en la Administración Pública Federal asegurarán que dichos instrumentos se extingan y los recursos con los que cuenten sean correctamente transferidos, para nutrir los programas prioritarios del Gobierno de México.

Y es que el decreto establece que la Secretaría de la Función Pública, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público colaboren en la aplicación de la medida.

“Desde la publicación de la Ley Federal de Austeridad Republicana, impulsada por la Secretaría de la Función Pública, ambas dependencias iniciaron un estudio de los fideicomisos públicos federales, su normatividad, estructura, patrimonio, objeto eficiencia y eficacia”.

Ahora, precisa, ese análisis será la base para dar respuesta a las consultas que realice la Secretaría de Hacienda sobre la desaparición o permanencia de los fideicomisos que no hayan sido creados por ley.

La secretaria de la Función Pública espera que esta histórica acción del Presidente de la República sea emulada por las entidades federativas, por los órganos autónomos y por el Poder Judicial de la Federación.

“Desde 2007, como académica, pude documentar y analizar la opacidad de los fideicomisos, y hoy me da gusto ser parte del gobierno que da este paso a la transparencia al desaparecer buena parte de ellos”, afirmó.

Sandoval Ballesteros agregó que este decreto complementa la Ley Federal de Austeridad Republicana, crea áreas de veda y establece reglas más estrictas para la creación de fideicomisos, lo cual es reflejo de una política de gasto integral que avanza hacia un ejercicio presupuestal con más transparencia y rendición de cuentas.