El diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla (Morena) propuso reformas a la Constitución Política, con el propósito fundamental de que la Ley Suprema norme la obligación que tiene el Estado a otorgar a los mexicanos seguridad alimentaria de calidad.

La iniciativa plantea establecer en el artículo 4º que el Estado garantizará una alimentación humana y constitucional, mientras que en el artículo 27 propone que el desarrollo rural integral y sustentable, tendrá entre sus fines que el Estado constituya una reserva estratégica nacional de alimentos y salvaguarde la seguridad alimentaria en casos de crisis, tanto climáticas y de contingencias, como de cualquier orden.

En la exposición de motivos se argumenta que la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha repercutido considerablemente en un incremento del hambre y la pobreza en América Latina y el Caribe; por ello, se requieren acciones complementarias para que la lucha contra la pandemia no comprometa la seguridad alimentaria de la población.

Indica que en México la pandemia ha tenido efectos sobre las actividades del sistema alimentario, como producción, transformación, distribución, comercio y consumo de alimentos, y en sus resultados, sobre todo en términos de seguridad alimentaria y bienestar social para los mexicanos.

Añade que la falta de seguridad alimentaria se refleja en la prevalencia de la subnutrición, que es de 12.3 por ciento, lo que constituye un alza de 7.1 por ciento de 2017 a 2019. Además, el 75 por ciento de la población padece obesidad y sobrepeso.

Precisa que México ha sido un país con grandes desigualdades durante décadas y actualmente atraviesa la pandemia en un contexto en el que más de la mitad de los hogares (55.5 por ciento) tienen algún grado de inseguridad alimentaria; es decir, incapacidad para satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas durante un período prolongado.

Relata que de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), las reservas en el mundo están en el nivel más bajo de los últimos 30 años por la subida constante de los precios. El Banco Mundial (BM) señala que esta situación puede llevar a mayor pobreza a unos cien millones de personas en los países menos desarrollados.

Menciona que la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que, para 2030, más de 890 millones de personas podrían verse afectadas por el hambre, es decir el 9.8 por ciento de la población mundial.

Precisa que la crisis que hoy enfrenta México y el mundo obliga a contar de manera garantizada y pronta con el acceso a alimentos, pero también a emprender políticas de gran impacto donde el Estado ponga en la mesa una verdadera y eficaz estrategia de reserva de alimentos que garantice el derecho a la seguridad alimentaria humana y constitucional de los mexicanos y a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

La iniciativa fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales.