El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, resaltó que este gobierno partió del reconocimiento de la grave crisis de derechos humanos y pese a las limitaciones en las capacidades institucionales se han logrado revertir las inercias y resistencias para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Así lo señaló durante su participación en el Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos ‘Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes’, celebrado en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.

El subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez anunció que se trabaja en la creación de un Sistema Nacional de Defensa y Protección de Derechos Humanos que se sustente fundamentalmente en la coordinación institucional con las comisiones estatales y los órganos públicos de defensa, a fin de sumar fuerzas y enfrentar la difícil situación en el país.

Afirmó que de lo que se trata es de dar paso al trabajo coordinado e interinstitucional y dejar atrás los celos y las viejas resistencias para encarar las graves violaciones a los derechos humanos en distintos ámbitos.

“Tenemos problemas con la prevalencia de la desaparición forzada de personas, con la crisis de identificación humana, la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, los conflictos agrarios por la tierra y el agua, las violaciones contra las mujeres y el fenómeno de la trata de personas”, acentuó.

El debate sobre la creación de un sistema nacional llevará tiempo –dijo– pero el primer paso se dará al lograr una reforma constitucional que establezca en el máximo régimen normativo el derecho a las personas a defender los derechos humanos, lo que permitirá trabajar en el desarrollo de un marco legislativo federal y local que posibilite definir de mejor manera las competencias, responsabilidades y concurrencias en los distintos órdenes de gobierno.

El subsecretario enfatizó que se debe dejar atrás la creación de mecanismos extraordinarios que se han convertido en ordinarios que no han fortalecido las capacidades de los estados y municipios, y que ha federalizado la atención a estos problemas en menoscabo del ejercicio del derecho de las víctimas.

La presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Claudia Olivia Morales Reza, mencionó el impacto de la discriminación estructural en el ejercicio de los derechos humanos de las personas indígenas y afrodescendientes.

“Con su diversidad y particulares, las personas afrodescendientes o afromexicanas y las personas indígenas enfrentan una discriminación estructural que atenta contra su dignidad. Además, las comunidades enfrentan acciones que ponen en peligro su supervivencia, particularmente al impedírseles el ejercicio de sus derechos colectivos”, destacó.

También resaltó que es necesario que las voces de las personas indígenas y afromexicanas sean escuchadas y que tengan una participación activa en la toma de decisiones.

Hizo el llamado a “no más políticas públicas de oídos sordos e impuestas, abramos una gobernanza horizontal para que sean atendidas sus demandas”, finalizó.